El Ministerio Público (MP) multiplicó los requerimientos de información que hizo al Organismo Ejecutivo en su primer año de gobierno, en el primer semestre de funciones, si se comparan el 2020 y 2024, primer año de funciones de Alejandro Giammattei y de Bernardo Arévalo, respectivamente.
La Hora hizo solicitudes a cuatro instituciones del Gobierno en las cuales pidió «la cantidad de requerimientos de información que les ha pedido cualquier fiscalía del MP», del 2020 y del 2024.
Estas fueron dirigidas al despacho superior de la Procuraduría General de la Nación (PGN), así como a las secretarías, Privada, General y de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), que tienen relación más cercana con la Presidencia.
Los datos revelan que al comparar los requerimientos hubo un aumento de 383 por ciento entre los solicitados en el primer semestre de gobierno de Giammattei y el primero de Arévalo. En 2020, entre estas cuatro dependencias en ese lapso, sumaron 59 solicitudes, mientras que en 2024, 285.
El incremento de las peticiones va en concordancia con las investigaciones que el MP ha iniciado en contra de funcionarios de Gobierno por presuntas irregularidades. La Fiscalía tiene en la mira por lo menos a cuatro de ellos.
CASOS
Algunas de estas son, por ejemplo, la petición a la SGP de información sobre el nombramiento de Santiago Palomo como secretario de Comunicación Social, esto por una denuncia interpuesta por Jorge Mondal, presidente del Banco de los Trabajadores.
La denuncia, que también se amplía al secretario general, Juan Guerrero, se deriva, según Mondal, porque supuestamente ambos funcionarios lo coaccionaron para que renunciara del puesto.
Mondal había sido destituido luego de que se confirmara que mintió acerca de su experiencia laboral para acceder al puesto y ser nombrado por el expresidente Giammattei.
Pese a que el gobierno de Arévalo denunció a Mondal por mentir en el acta notarial y no poseer las calidades, el MP pasó esa denuncia a la Unidad de Desjudicialización, que tiene como fin desestimarla. El exdirectivo es señalado del delito de perjurio y falsedad ideológica.
En otro caso, Julio Saavedra, titular de la PGN, también está en la mira del MP, ya que en abril pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó información a la Presidencia sobre el funcionamiento y contrataciones de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del Covid-19 (Coprecovid), en la cual Saavedra trabajó, ya que pretende relacionarlo con la compra de las vacunas Sputnik V.
Otro funcionario que el MP pretende investigar es Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas. En junio pasado, fiscales llegaron a la sede del ministerio en cuestión con la intención de obtener libros de visitas e imágenes de las cámaras de seguridad del nivel 18, donde el funcionario se desempeña. Esto a pesar de que Menkos goza del derecho de antejuicio.
El MP investiga un supuesto caso de corrupción en el cual se le habría ofrecido dinero a diputados para que votaran a favor de la ampliación presupuestaria que propone el Ejecutivo.
Además, aparentemente, el MP también pretendía investigar al exministro de Salud, Oscar Cordón, por la firma del convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). El funcionario renunció el pasado 12 de junio.
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OTRAS DEPENDENCIAS
Los informes de acceso a la información remitidos por la PGN también contienen datos de otras dependencias de la institución, la mayoría de las cuales también muestran incrementos de los requerimientos del MP. Así, la dependencia que tiene a su cargo las alertas Alba-Keneth, recibió 31 peticiones mensuales, en promedio, en 2020 y 53 en 2024.
Además, la dirección de Asuntos Internacionales pasó de recibir 0 a 3, en el mismo lapso; mientras que las unidades regionales en todo el país, en conjunto, pasaron de recibir 609 requerimientos de información por parte del MP en 2020, a 779 en 2024.
Mientras que otras 15 unidades de la PGN recibieron 7 solicitudes en el primer semestre de 2020 y 14 en el mismo periodo de 2024. La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia fue la única que recibió menos requerimientos, ya que en 2020 llegaron a su oficina 668 y en 2024, 329.
NO CUENTAN CON ESA INFORMACIÓN
La Hora solicitó al MP, por medio de la oficina de Acceso a la Información Pública del MP, la cantidad de solicitudes de información que había pedido en 2020 y 2024 a las mismas instituciones, pero la unidad dijo que no cuenta con esos datos y que el sistema que utilizan no es capaz de procesar esa información.
Puntualmente, en su resolución, el jefe de la Unidad declaró «la inexistencia de la información solicitada», ya que el Departamento del Sistema Informático Fiscal y Técnico —SIFT— expuso que «no es posible proporcionar la información requerida, ya que en el sistema de Astrea no existe una diligencia en la cual se identifique a los distintos ministerios o secretarías del Organismo Ejecutivo o a la PGN en la cual se les requiera información».
El sistema informático Astrea (Aplicaciones Tecnológicas para la Resolución Estratégica de Casos y Atención a Víctimas) es una herramienta tecnológica que registra información y gestiona casos, y que fue presentada en 2022 por el MP como «un gran paso en la transformación digital» de la institución.
