Ochenta y dos familias de cinco países, entre estos Guatemala, aún esperan justicia un año después de que un incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, México, se cobrara la vida de 40 migrantes, entre ellos 19 guatemaltecos. Una tragedia que, claramente se pudo evitar, según defensores de derechos humanos.
Un conglomerado de 39 organizaciones en México emitió un comunicado en el que califican a esta tragedia como «uno de los peores crímenes de Estado con población migrante y con necesidades de protección internacional» que ha ocurrido en ese país.
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Los defensores de derechos humanos, que a lo largo de estos 12 meses han acuñado la frase «No fue el incendio, fue el Estado», expresaron su rechazo por el «desdén institucional» en el que han hundido el caso, donde a la fecha no hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas directas o indirectas.
De momento solo hay una persona señalada que ha sido vinculada a proceso. El día del incendio se viralizaron imágenes en las que se observa cómo el siniestro comienza dentro de unas celdas y los guardias de seguridad se retiran indiferentes del lugar mientras los migrantes pedían auxilio. Segundos después morirían.
Las organizaciones denunciaron que «el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) han sido omisas e indolentes con todas las personas afectadas». Incluso, subrayan, no han querido reconocer a algunas de ellas como víctimas, pese a los efectos que enfrentan a consecuencia de las tragedias.
AMENAZAS
Puntualmente, las organizaciones señalaron que durante este año, el INM ha amedrentado a las víctimas para que no aceptaran apoyo de organizaciones civiles y ha negociado con gobiernos y representantes de las víctimas la reparación del daño sin que eso sea su función.
Señalaron que la CEAV ha sido «laxa» en sus responsabilidades y ha delegado al INM los procesos de reparación del año, mientras que la FGT y el PJF han tenido «pocos avances sustanciales en el proceso penal».
Actualmente, enfatizó, solo hay 11 personas «vinculadas a proceso», incluyendo al comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, quien sigue al frente de la institución y que «en septiembre de 2023 buscó enterrar la tragedia para diluir su responsabilidad con una solución alterna que lo absolvería de cualquier responsabilidad».
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BALANCE
El incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido la noche del 27 de marzo, dejó como saldo 40 muertos y 27 heridos, algunos con daños neurológicos de por vida.
El incendio «es un crimen de Estado, consecuencia de un sistema de políticas migratorias que criminalizan y buscan disuadir la migración por México», denunciaron las organizaciones.
Declararon que la tragedia no es un hecho aislado, puesto que desde 2018 a la fecha se han producido 41 motines y cuatro incendios en estaciones migratorias «en protesta por las condiciones inhumanas de detención».
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 55 migrantes han muerto mientras estaban bajo la custodia de las autoridades de INM, 39 más que durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
