![Arévalo Bernardo Arévalo](https://lahora.gt/wp-content/uploads/sites/5/2024/02/WhatsApp-Image-2024-02-14-at-11.02.29-AM.jpeg?w=696&h=0&crop=1)
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El Gobierno de Guatemala modificó el acuerdo gubernativo que creó la Comisión Presidencial contra la Corrupción, emitido por la administración de Alejandro Giammattei, y dentro de los principales cambios destaca el que ahora tendrá participación de un consejo asesor que estará conformado por miembros de la sociedad civil y que el director ejecutivo tendrá derecho a sueldo.
Según el acuerdo gubernativo 31-2024 que se publicó este miércoles 14 de febrero en el Diario Oficial, la Comisión, que ahora se llamará Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), contará con una instancia de participación ciudadana conformada por «consejeros delegados», que podrán aportar y validar propuestas de reformas institucionales y legislativas en materia de lucha contra la corrupción.
Dicha instancia será conformada por seis personas: dos representantes de la sociedad civil, uno por la academia y el otro por organizaciones de la sociedad civil; dos representantes de los pueblos originarios y dos representantes del sector privado.
Añade que «la Comisión definirá mecanismos participativos para la delegación de los representantes» y que estarán en el puesto un año y tendrán la posibilidad de ser designados un periodo más.
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El acuerdo gubernativo original especificaba que los miembros de la comisión no cobrarían sueldo debido a que todos los integrantes, excepto el director ejecutivo, eran funcionarios de Gobierno.
Sin embargo, con la modificación se establece que este «devengará la remuneración correspondiente por su función pública», y subraya que el resto de los comisionados y consejeros «no tendrán derecho al pago de dietas u otra clase de remuneraciones».
Además, la Comisión deja fuera al procurador General de la Nación e integra al director de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
En el tema presupuestario, con las reformas, los fondos de la Comisión podrán depender ahora, no solo de la disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Finanzas, sino también de aportes o donaciones de cualquier naturaleza, de organismo nacionales o internacionales, toda vez sus directivos o personal no están sujetos a alguna investigación.
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