Mientras pasan las horas, las voces que rechazan la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2024 aumentan, así como las críticas por considerarlo inviable, ilegal y que favorece la corrupción.
La Fundación Libertad y Desarrollo emitió un comunicado en el que señaló que el referido plan de gastos propiciará más corrupción. “Un Congreso dominado por delincuentes solo podía producir un presupuesto dedicado a la corrupción”, criticó en el pronunciamiento que dio a conocer este 2 de diciembre.
De acuerdo con la Fundación, “la nación debe rechazar este presupuesto de la vergüenza por ilegal, inmoral y ofensivo”, y añadió que el presidente Alejandro Giammattei debe vetarlo si es que aún le queda “una gota de decencia”.
🚨🇬🇹 #Comunicado | Los diputados traicionaron, una vez más, al pueblo de Guatemala pic.twitter.com/RCxB2A8Mww
— Fundación Libertad y Desarrollo (@FundacionLD) December 3, 2023
El mandatario guatemalteco que está a un mes y 12 días de dejar el cargo tendrá que sancionar o vetar el presupuesto aprobado por el Congreso el pasado 30 de noviembre. Si lo veta -rechaza- el decreto deberá regresar al Legislativo que lo aprobaría con 107 votos.
Si lo sanciona -aprueba- deberá ser publicado en el diario oficial y entonces se convertirá en ley.
Aparte de la Fundación Libertad y Desarrollo grupos empresariales se han unido al rechazo del presupuesto, como la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), la Cámara de Comercio y el Consejo Nacional Empresarial.
El Cacif -Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras-, también criticó ciertos artículos del presupuesto y llamó a enmendar los errores, aunque no pidió públicamente el veto presidencial.
RELACIONADO: Fundesa se une a pronunciamientos y pide que se vete el Presupuesto 2024
SEÑALAMIENTOS
Dentro de los múltiples cuestionamientos que se hacen a la norma aprobada por el Legislativo está que favorece la opacidad, puesto que destina más de Q187.9 millones a proyectos de dragado de ríos que, por su naturaleza, son difíciles de fiscalizar.
Además, ordena la asignación de recursos para una gran cantidad de proyectos a los cuales los identifica con precisión, incluso con número de Snip -Sistema Nacional de Inversión Pública-. Esto, a juicio de analistas, puede interpretarse como una intromisión del Congreso en asuntos que competen al Organismo Ejecutivo.
También se le critica por la falta de criterios técnicos para su elaboración y que podría poner en riesgo de impago al país porque el Congreso debería de autorizar la colocación y recolocación de bonos para el pago de deuda interna y externa, lo que podría bajar la calificación del país por parte de las calificadoras de riesgo.
En tendencia:
Una buena parte de los artículos cuestionados por distintos sectores se produjeron por enmiendas presentadas de último momento por diputados oficialistas, cerca de la medianoche del 30 de noviembre, cuando vencía el plazo para aprobar el presupuesto.
En este sentido, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió que, “ante una emergencia de esa naturaleza, el Gobierno podría verse obligado a usar otras fuentes de financiamiento, posiblemente dejando desfinanciados rubros de inversión pública y gasto social, con atrasos en el pago a proveedores, contratistas e, incluso, salarios”.
