La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó medidas de protección a dos integrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), al considerar que está en riesgo sus derechos a la vida, integridad personal e independencia en el ejercicio de sus cargos.
Además, esa instancia determinó que existe la posibilidad de que sean destituidos, lo cual afectaría el trabajo de investigación que realizan.
Los fiscales actualmente tienen a su cargo las pesquisas de los casos denominados Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes, vinculados a ejecuciones extrajudiciales cometidas en el marco de la operación “Plan Gavilán”, por el cual el Estado de Guatemala fue encontrado responsable de graves violaciones a los derechos humanos.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, informa que la CIDH ha otorgado medidas de protección a 2 fiscales de la FECI, al considerar la existencia de hechos graves que atentan contra su integridad. pic.twitter.com/5oq8XeHjD0
— Diario La Hora (@lahoragt) October 7, 2021
El alto tribunal constató la persistencia de una situación de intimidación, seguimientos y amenazas en contra de los dos fiscales, “en un contexto de riesgo adverso hacia el trabajo de la FECI, así como de ataques y amenazas en contra de los operadores de justicia en los intentos de avance en la lucha contra la impunidad y corrupción” se lee en un comunicado que compartió el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
SEÑALAN TEMOR FUNDADO TRAS DESTITUCIÓN DE SANDOVAL
Además, destaca que los movimientos de personal dentro de la FECI no se limitan a la destitución del exjefe Juan Francisco Sandoval y eso “crea un temor fundado” respecto a la posibilidad de que los otros dos fiscales puedan ser destituidos, afectando el trabajo que han venido realizando en la investigación de los casos anteriormente mencionados.
Las medidas provisionales son acciones urgentes de protección que dicta la Corte IDH al comprobar la existencia de criterios de extrema gravedad y urgencia, cuando se hace necesario evitar daños irreparables a las personas.
Además, la Corte recuerda que los Estados están en obligación de implementar las medidas de protección en marcha e informar sobre ello; Guatemala debe rendir cuentas de su cumplimiento a más tardar el 13 de diciembre de 2021.
GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y EL CASO DE SANDOVAL
Con respecto a la destitución de Sandoval, un asunto planteado por varias organizaciones peticionarias que la calificaron como arbitraria e ilegal, la Corte IDH reiteró la importancia de que los Estados otorguen garantía de estabilidad a los fiscales, lo que implica que sólo podrán ser separados obedeciendo a las causales permitidas y mediante procedimientos justos, objetivos e imparciales que cumplan con todas las garantías judiciales.
Y si bien la Corte IDH no le otorga medidas provisionales al exfiscal, por considerar que su destitución no está directamente relacionada con los casos Valenzuela y Ruiz, sí hace un llamado a que los tribunales internos se apeguen a los estándares internacionales.
“La destitución de un fiscal no es una cuestión exclusivamente laboral que se repara con el pago de una indemnización, sino lo que también está en juego es la estabilidad en el cargo por la importancia y relevancia que esto tiene para la administración de justicia”, remarcó.
Para las organizaciones peticionarias, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), esta nueva resolución del máximo tribunal latinoamericano constata una vez más el deterioro de las garantías para la independencia judicial en Guatemala y reconoce el alto riesgo al que se ven expuestos los operadores de justicia que luchan contra la impunidad y la corrupción en el país.
