Este jueves y de forma virtual, se reunieron los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, presidida por el diputado Álvaro Arzú Escobar, para abordar diversos temas, entre ellos, el informe circunstanciado que envió el procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, sobre una denuncia que elevó a esa instancia el legislador, Aníbal Rojas y en la que piden la destitución del Ombudsman.
Los diputados que integran esa sala de trabajo ya recibieron el informe y será en una próxima reunión que discutirán el mismo.
El diputado Samuel Pérez, del bloque Semilla, indicó a La Hora que parte de la agenda era “conocer la información que el Procurador de los Derechos Humanos había enviado a requerimiento de la Comisión”.
ROJAS HA IMPULSADO DENUNCIA CONTRA PDH
La denuncia ha sido impulsada por el diputado Aníbal Rojas, del bloque Visión con Valores (VIVA), quien hace algunos días criticó en su cuenta de la red social Twitter al PDH: “En la comisión de D.H. debemos hacer un análisis profundo para determinar si las acciones del procurador Rodas, están enmarcadas dentro de sus funciones constitucionales, o si de lo contrario su actuar corresponde a actos que le son propios para ya no poder ejercer el cargo”.
La Hora ha buscado la postura del diputado Rojas por esa publicación, pero no ha respondido las llamadas y preguntas enviadas vía WhatsApp.
CASTILLO DESLIGA A VIVA DE ACCIÓN DE ROJAS
También se consultó al diputado Armando Castillo, integrante del bloque VIVA, el actuar de Rojas se realizaba desde la bancada, a lo que respondió: “ese cruce entre el colega diputado y señor Procurador es más bien una serie de marcadas diferencias entre ellos que es desde hace mucho tiempo atrás”.
Agregó que cuando existe una postura como partido “lo hemos hecho mediante un comunicado oficial siempre”.
ANTECEDENTES
Heidi Tamara de León Muñoz, exfiscal de Delitos Administrativos y Elías Wilson, magistrado de la Sala de Apelaciones de Femicidio, señalan a la PDH de no actuar cuando “se vulneraron los derechos de su hija de nueve años”.
La supuesta violación de los derechos humanos de la menor de edad sucedió en 2017, luego de que De León Muñoz dejó el Ministerio Público (MP) y como parte de unas diligencias, presuntamente el ente investigador requirió información al Registro Nacional de las Personas de la menor de edad.
