La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), compartió el contexto en el que se desarrolló la defensa de derechos humanos en el país durante el 2025, como parte de su informe anual.
En el documento denominado «Comunidades que resisten: Criminalización, estigmatización y asesinato», la Unidad explica que, a pesar de que el gobierno actual ha mantenido su posicionamiento a favor de la defensa de derechos humanos y el diálogo con sectores en vulnerabilidad, «resulta alarmante que las cifras de agresión a personas, organizaciones y comunidades defensoras no presenten una disminución», agregó.
Además, expone que «la persistente cooptación del sistema de justicia ha generado un aumento en los casos de criminalización y ha devenido en la impunidad de investigación de agresiones que se cometen contra personas defensoras».
La Unidad también habla sobre «la instrumentalización del sistema judicial», que continúa «operando como mecanismo de castigo contra las personas defensoras de la democracia por parte de actores estatales como el Ministerio Público y diversas judicaturas del Organismo Judicial». Por ello, para garantizar los derechos humanos y que las autoridades respondan a las necesidades de la población, UDEFEGUA plantea que es necesario realizar una depuración del sistema de justicia.
#CampoPagado | UDEFEGUA presenta su informe 2025: defender derechos humanos en Guatemala sigue siendo una labor bajo asedio. pic.twitter.com/pkldgy9beg
— Diario La Hora (@lahoragt) April 29, 2026
AUMENTO DE AGRESIÓN
Según el informe presentado, durante el 2025 «se registró un aumento de 26.7% en las agresiones en comparación con el año anterior. Se documentaron un total de 5 mil 238 agresiones, de las cuales 1,605 fueron dirigidas contra mujeres defensoras».
«En este sentido, recalcamos que su protección no debe limitarse a las acciones individuales, sino que constituye una obligación del Estado como garante de derechos fundamentales», añadió.
El informe indica que del total registrado, «el 96% de agresiones ocurrió en el ámbito digital, donde el discurso de odio, la difamación y el hostigamiento continúan siendo las prácticas predominantes». Sin embargo, «las agresiones más graves ocurren en el espacio físico con 12 asesinatos y 8 intentos de homicidio, ya que las agresiones digitales pueden escalar hasta ser físicas».
Además, subraya que «las personas pertenecientes a pueblos indígenas y quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente son las principales afectadas por los ataques fatales».
Para UDEFEGUA, «en un Estado democrático, la libertad de prensa y de expresión son pilares de los derechos fundamentales». Por lo cual, expresa su preocupación de «que una de las categorías más impactadas continúe siendo la de periodistas y comunicadores sociales, con 1,840 agresiones registradas, equivalente al 35.13%».
Asimismo, destaca «que el 13 de noviembre del año 2025, se firmó el acuerdo 198-2025, el cual establece la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035».
Al ser un mecanismo de atención integral para los defensores, UDEFEGUA realizó un llamado al Ministerio de Gobernación para que se inicien las acciones de implementación que garanticen la reducción de las agresiones. Al mismo tiempo, reiteró que el derecho a defender derechos humanos es y debe ser la garantía de un país democrático.
«Instamos a la comunidad defensora de derechos humanos a continuar con su labor legítima y necesaria para continuar en el camino de reconstrucción de un país que en los últimos años ha sido afectado por la corrupción e impunidad», enfatizó.
