Cristóbal Pop de la Gremial de Pescadores de El Estor, Izabal y Roque Sub fueron capturados. Foto La Hora/Festivales Solidarios

Cristóbal Pop de la Gremial de Pescadores de El Estor, Izabal y Roque Sub fueron capturados este lunes en la zona 18 capitalina por tener vigente una orden de aprehensión por el delito de instigación a delinquir por supuestamente agredir a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en una manifestación en octubre del 2021, en rechazo a las operaciones de una minera en esa región.

Ambos son autoridades indígenas de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Qeqchí.

En noviembre de 2021, el gobierno del presidente, Alejandro Giammattei decretó Estado de Sitio en El Estor, Izabal, luego del bloqueo de una carretera por varios días y que culminó en enfrentamientos con la PNC; los comunitarios buscaban ser incluidos en un proceso de consulta relacionado al funcionamiento de la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A.

Tras ser detenidos fueron trasladados a Torre de Tribunales donde permanecieron en el área de carceletas para esperar la hora de la audiencia correspondiente en el Juzgado de Turno.

“Esta criminalización nos ha afectado mucho, económica, física y espiritualmente”, aseguró Pop.

Agregó que se movilizó hasta la ciudad capital debido a unas evaluaciones médicas por quebrantos de salud.

“Nos molesta cómo el Estado de Guatemala se ha prestado para fortalecer la corrupción en Izabal, la lucha de la gremial de pescadores es por la contaminación del agua, logramos una sentencia (de la CC) para que se hiciera una consulta a los pueblos, pero no fue así”, afirmó.

El detenido explicó que en 2021 se logró una sentencia definitiva en la que se le ordenó al proyecto minero que suspendiera operaciones y que la licencia obtenida era ilegal, sin embargo, siguieron con las actividades.

EN CONFERENCIA

En horas de la mañana autoridades ancestrales dieron una conferencia de prensa en la que explicaron detalles de la denuncia que se presentó el pasado 10 de junio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que exponen detalles de este caso, los recursos legales planteados y la criminalización contra las personas que se oponen a las operaciones de la mina.

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