La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) por medio de un comunicado, externó su rechazo a las advertencias del Juez Suplente de Mayor Riesgo «D», Edwin Ramírez, “de iniciar procesos penales e investigaciones en contra de reporteros que cubren un proceso de alto impacto en esa judicatura”.
Adicionalmente resaltó que “este acto remarca la intolerancia e irrespeto hacia la libertad de expresión que existe desde los altos magistrados del Organismo Judicial (OJ), hasta los juzgados de primera instancia”.
LIMITACIONES
La APG, en su pronunciamiento hizo mención que durante la audiencia de primera declaración por el caso de la masacre «Rancho Bejuco», el togado impidió que más de tres reporteros estuvieran presentes en la sala al mismo tiempo y les pidió que se rotaran para poder cubrir el proceso, aduciendo restricciones por la pandemia, pese a que en ocasiones anteriores nunca se había impuesto esta limitación.
Contrario a lo que ha ocurrido en esta judicatura u otros juzgados de la misma categoría, Ramírez solicitó que todos los periodistas brindaran su nombre completo, número de DPI y medio al que pertenecen, pese a que los reporteros de esa fuente ya están acreditados en comunicación social.
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 24, 2022
EXPRESA PREOCUPACIÓN
A criterio de la Asociación de Periodistas “lo más preocupante son las amenazas que lanzó, según algunas denuncias, en contra de los periodistas presentes, a quienes advirtió con iniciar acciones legales si percibía que las publicaciones sobre la audiencia no «están acorde a lo que resuelva» o lo que él crea que ha sucedido durante el proceso.
El juzgador alegó el interés por mantener el «decoro y respeto» cuando emitió estas advertencias”.
Además, la APG califica como un acto de intimidación hacia los medios de comunicación, que Ramírez haya solicitado “la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC), tanto dentro como fuera de la sala donde se desarrollaba la audiencia”.
“Es preciso recordar al juez suplente que su cargo no le exime de la crítica y la auditoría, tanto de los periodistas, ciudadanía y agrupaciones de derechos humanos, ni lo coloca sobre la Constitución Política o los acuerdos en materia de derechos humanos suscritos por el Estado”, se lee en el comunicado.
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PIDEN PROCESO DISCIPLINARIO
La APG finalizó su postura indicando que “las acciones de Ramírez son una amenaza para la libertad de expresión que pueden llevar a que éstas sean replicadas en otras judicaturas, por lo que no deben quedar sin consecuencias”.
Ante esto, por medio de su Comisión de Libertad de Prensa demanda a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se inicie un proceso disciplinario en contra de Ramírez y brinde la misma importancia que ha dado a proceso contra otros profesionales del derecho.