Detención de los dos auxiliares fiscales de la FECI, Willy López Racanac y Paola Escobar. Foto La Hora / José Orozco

En el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal dieron a conocer el motivo de captura a los auxiliares fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Willy Roberto Racanac López y Paola Mishelle Escobar Quiñones, por la posible comisión del delito de abuso de autoridad.

El Ministerio Público informó que el operativo se realizó “en seguimiento a una denuncia por posible coacción y presiones en contra de una persona, con el fin de declarar hechos falsos”.

 

Luego de ser detenidos durante varios allanamientos efectuados hoy, fueron trasladados a Torres de Tribunales, luego fueron remitidos a la sala de audiencias del Juzgado Tercero, donde la diligencia se llevó a puerta cerrada, a pesar de que el caso no está bajo reserva.

Una vez finalizada la audiencia, Racanac López explicó que no podía comentar detalles del caso pues desconocía las actuaciones, sin embargo, indicó que la primera declaración había sido programada para el próximo 22 de febrero.

El auxiliar fiscal, quien en todo momento se movilizó con la ayuda de un andador por cuestiones médicas, fue beneficiado con arresto domiciliario. En tanto, a Escobar Quiñones se le dictó prisión provisional y fue trasladada a cárcel de Mariscal Zavala.

Por esta carpeta judicial también se giró una orden de captura en contra del exagente fiscal, Rudy Manolo Herrera Lemus y Aliss Noemí Morán Mejía, exauxiliar fiscal.

EL CASO

La investigación de este caso está a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos y por medio de un comunicado informaron que, “en julio del 2021, Herrera Lemus con apoyo y acuerdo previo de Willy Roberto Racanac López, Aliss Noemí Morán Mejía y Paola Mishelle Escobar Quiñónez realizó presuntamente un acto ilegal en contra de un denunciante, quien es sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020, al violar los principios de debido proceso, derecho defensa, así como la seguridad y certeza jurídica.

Esto al formular “un interrogatorio sobre hechos ajenos a la investigación que se tramitaba dentro del expediente ministerial en el cual está sindicado el denunciante”.

El Ministerio Público asegura que, “por medio de amenazas y un procedimiento intimidatorio pretendieron obligar al denunciante para que suscribiera un convenio de colaboración eficaz y prestara información testimonial de hechos falsos”.

Agregan que en caso de no acceder a suscribir dicho convenio y no manifestar lo que se le requería, “se solicitaría que fuera revocada la medida sustitutiva de la cual gozaba y en consecuencia sería enviado a prisión preventiva”.

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