La Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial (OJ), dio trámite a una denuncia promovida por el diputado Aldo Dávila, Marcelo Sabuc Xalcut, Abner Joel Pérez y José Alberto Chic. En la resolución se ordena a la Supervisión General de Tribunales iniciar una investigación administrativa contra de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Patricia Valdés, para establecer la posibilidad de que haya incurrido en alguna falta que amerite un procedimiento disciplinario.
“Se estima necesario que la Supervisión General de Tribunales, dentro del plazo de diez días, realice la investigación del hecho denunciado cumpliendo como mínimo individualizar, localizar y entrevistar a los denunciantes”, señala el documento.
¿QUÉ DENUNCIARON?
Entre los hechos denunciados, está el aporte de Q20 mil, aprobado por Valdés al Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, entidad que denunció a la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, por haber autorizado “diligencias ilegales” de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.
En la querella se explica que “considerando que dicha institución (Instituto de Magistrados) es litigante ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que actualmente preside Patricia Valdés, resulta en una amenaza a la independencia judicial porque los casos iniciados por esa entidad van dirigidos contra jueces que tienen a su cargo casos de alto impacto en temas de corrupción”.
Lo anterior, porque según la denuncia, Valdés votó a favor de retirar la inmunidad a la jueza Aifán, quien había sido denunciada por el Instituto de Magistrados, que a su vez recibió la donación de Q20 mil de la presidenta de la CSJ.
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Además, se detalla que es incoherente al principio de legalidad, que la magistrada Valdés entre a conocer dichos casos considerando el apoyo financiero otorgado al Instituto, pues a criterio de los denunciantes “esto pone en duda la imparcialidad y objetividad.
SOBRE SU PAPEL EN LA POSTULADORA
En cuanto a la petición de que se nombre a otro magistrado para presidir la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General, se resolvió que, “de conformidad con lo que establece el artículo 10 de la Ley de la Carrera Judicial no es competencia de la Junta de Disciplina Judicial entrar a conocer y resolver dicha petición.
EL FUTURO DE LA DENUNCIA
El abogado penalista Oscar Poroj explicó que este caso el futuro de la querella depende del contenido de la denuncia y de la información que obtengan los supervisores. “Todo va a depender de lo que dice la denuncia y de lo que los supervisores determinen que se puede o no fundamentar”.
Agregó que Supervisión de Tribunales debe nombrar supervisores para que realicen la correspondiente investigación “ellos determinarán si al final no hay elementos de lo que señalan en la denuncia”.
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Posteriormente se debe establecer si de los elementos obtenidos se puede desprender y proceder como una denuncia fundamentada para iniciar el proceso respectivo contra el funcionario judicial.
Añadió que el procedimiento fue establecido de esta manera para evitar que por todas las denuncias planteadas se abra un proceso. “Si por todas las denuncias se abriera expediente entonces solo bastaría denunciar a un funcionario judicial y ya tendrían un procedimiento”, indicó.
