En el Juzgado de Mayor Riesgo «C», a cargo de la jueza Silvia de León, se inició la audiencia de apertura a juicio de los 22 implicados en el caso denominado Libramiento de Chimaltenango.
Luego de verificar la presencia de los acusados y partes procesales, la jueza dio la palabra al Ministerio Público para la lectura del primer escrito de acusación.
ALGUNOS ACUSADOS COMPARECERÁN EN VIDEOCONFERENCIA
Debido a la cantidad de personas presentes en la sala de audiencias, la juzgadora informó que haría la solicitud de una de mayor capacidad para las próximas diligencias, esto para garantizar el distanciamiento social y medidas de bioseguridad contra el COVID-19.
Adicionalmente, varios de los procesados y algunos abogados requirieron comparecer a las futuras audiencias a través de videoconferencia, petición que fue avalada por la juzgadora.
PROCEDIMIENTO ABREVIADO
Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía informó que el sindicado Álvaro Castillo Valdez, por medio de su abogado, había hecho la petición de un procedimiento abreviado por el delito de fraude.
El Ministerio Público informó que esto debe ser analizado y por lo tanto pidió un plazo de dos días para resolverla.
En el Juzgado de Mayor Riesgo "C" inició la audiencia de apertura a juicio de los implicados en el caso Libramiento de Chimaltenango. En estos momentos la la jueza Silvia de León verifica la presencia de los acusados.
?: Oscar Canel/LH pic.twitter.com/4JBK8qdE0Y
— Diario La Hora (@lahoragt) January 11, 2022
EL CASO
Las investigaciones del MP señalan que varias personas vinculadas al caso permitieron la sustracción de recursos del Estado por un monto de Q15 millones, que habrían sido utilizados para el pago de terrenos inexistentes o para simular derechos de posesión para el proyecto del Libramiento de Chimaltenango.
Entre las personas señaladas están tres integrantes de la junta de licitación del Ministerio de Comunicaciones que favorecieron a la entidad Renova Ingenieros, la cual habría trasladado más del 98% de los recursos recibidos hacia Conasa defraudando al Estado por más de Q90 millones, según la Fiscalía.
Por este caso existe una orden de captura en contra del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito y el exjuez, Mynor Moto.
