Fachada de la Corte de Constitucionalidad CC. Foto: La Hora / Archivo

En la tarde del sábado 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió un amparo interpuesto por nueve agrupaciones políticas, dentro de los cuales se encuentran el partido oficial y la Unidad de la Esperanza (UNE) de Sandra Torres. Torres pasará a la segunda vuelta de las elecciones y tentativamente se disputará la presidencia junto a Bernardo Arévalo, presidenciable del Movimiento Semilla.

Dicha acción presentada ante la CC es por considerar que existen “amenazas” de que se adjudiquen cargos sin que Juntas Departamentales conozcan los supuestos vicios de actas manuscritas y lo digitado. A una semana de haberse celebrado los comicios, algunos partidos políticos han criticado los resultados de las elecciones, en donde argumentan la anomalía en el conteo de votos y alteraciones de datos en las actas de escrutinio.

En otras instancias, han pedido recuento de votos e incluso han señalado “fraude” en los resultados preliminares que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha presentado por medio del Programa Informático para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), sistema que en varias ocasiones ha sido criticado por la presidenciable de la UNE.

Este amparo fue solicitado por los secretarios de los partidos: CAMBIO, Mi Familia, Valor, Podemos, VAMOS, CREO, UNE, CABAL y AZUL y aplica en contra de los votos de la papeleta de Presidenciables, de Diputados de la Lista Nacional, Distrito Electoral, Alcaldes y Parlacen.

 

¿CUÁL FUE LA DECISIÓN DE LA CC?

De acuerdo a la ordenanza de la CC, que detuvo las elecciones y ha puesto a tambalear a los candidatos que pasan a segunda vuelta, es que se suspendan temporalmente los resultados electorales; sin embargo, el mencionado tribunal no será el encargado de resolver el asunto de manera definitiva.

En esa instancia, los magistrados de la CC se vieron obligados a trasladar este y otros amparos de material electoral a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acción que Arévalo de Semilla criticó diciendo que la CC no era el órgano competente para atender el amparo.

Este amparo debía haber sido enviado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el otro a un Tribunal de Primera Instancia para que fueran revisados y calificar su procedencia, adicionalmente al darle trámite se violaron las normas y los plazos establecidos en la legislación para este tipo de amparos”, manifestó en las afueras del edificio de la CC, luego de conocerse la resolución.

PLAZOS Y SEGUNDA VUELTA

Las Juntas Electorales Departamentales y Distritales, tras la resolución del amparo provisional de la CC, cuentan con un plazo mínimo establecido para el 6 de julio y un máximo para el 15 de julio, donde deberán tener oficializado los nuevos resultados. Tomando en cuenta que la fecha conocida para la segunda vuelta es el 20 de agosto.

 

REACCIÓN DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS

Como era de esperarse, los presidenciables que habían pasado a segunda vuelta se han pronunciado. Arévalo puntualizó que la resolución de la CC busca “empantanar” el proceso electoral, ya que desde su perspectiva se amenaza con diferir la segunda ronda.

Es por ello, que en horas de la tarde de este domingo 2 de julio, el presidenciable junto a la doctora Karin Herrera, compañera de fórmula y el fiscal nacional de la agrupación, Juan Gerardo Guerrero, presentaron ante la Corte de Constitucionalidad tres solicitudes. Dentro de ellas, la revocatoria del amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad.

A lo anterior, Sandra Torres, de la UNE, brindó una conferencia de prensa antes de conocerse la decisión de la CC, derivado de la coyuntura y de la acción de amparo interpuesto, enfatizó que la UNE no solicita repetir las elecciones, solo legitimar el proceso electoral.

El partido político Cabal de Edmond Mulet, por medio de un comunicado, expresó que la resolución dada por la Corte de Constitucionalidad (CC) debe realizarse en un plazo no mayor de cinco días. En esa misma instancia, el Partido Visión con Valores (Viva) dijo que se deben efectuar todas las audiencias de revisión de actas y todo lo relacionado, sin alterar el calendario electoral en lo referente a la segunda vuelta y dentro de un plazo perentorio.

¿QUÉ DICE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL?

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken compartió su postura tras la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) informada ayer por la tarde. En el comunicado, Blinken detalla que apoya el derecho constitucional del pueblo guatemalteco de elegir a sus líderes a través de elecciones libres y justas.

Brian Nichols subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, replicó el comunicado del Departamento de Estado, mientras hizo énfasis en que estas acciones violan el espíritu de la Constitución de Guatemala y amenazan la legitimidad de su proceso democrático.

Mientras que la Delegación de la Unión Europea, en conjunto con las Embajadas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia, así como Estados Miembros presentes en Guatemala, emitieron una declaración en conjunto sobre el proceso electoral.

En la declaración instan a las instituciones de Guatemala y a los partidos políticos a respetar la integridad del proceso electoral y la voluntad ciudadana manifestada en las elecciones del 25 de junio.

Ante esto, la misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE-OEA) reiteró qué observó alta presencia de fiscales de los diferentes partidos políticos en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y durante las cuales solo se impugnó el 0.01% de los votos presidenciables. De esta cuenta, concluye que no existe razón para sospechar que existieron irregularidades que alcancen a e injerir en los resultados de la elección presidencial.

Al respecto, el Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se pronunció solicitando el “respeto de la soberanía de los estados, en especial el ente electoral y el sector de justicia de un país”.

¿QUÉ PASARÁ AL RESPECTO?

A efecto de este contexto electoral, Edgar Ortiz, abogado constitucionalista, explica que mientras esto ocurre, no hay resultados oficiales, ni se pueden adjudicar cargos. Es decir, oficialmente, no hay candidatos en segunda vuelta.

Además, detalla que en el mejor escenario, se repiten las audiencias de escrutinios, se realiza un nuevo recuento y en cuanto a los plazos, la Corte especifica: cinco días para revisión de escrutinios y un máximo de 15 días para depurar denuncias.

Ante ello, Ortiz duda que el resultado de la elección presidencial cambie significativamente. Podría haber cambios en alguna elección municipal donde la diferencia es escasa y en el peor escenario, el proceso podría prolongarse debido a una avalancha de impugnaciones.

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