El Parlamento Europeo y varios de sus diputados se pronunciaron en las últimas horas respecto a la situación de Guatemala, centrándose en las acciones que ha emprendido el Ministerio Público dirigido por María Consuelo Porras contra fiscales, exfiscales, jueces, magistrados, abogados, entre otros.
Izaskun Bilbao, diputada del Parlamento Europeo expresó que el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei encamina al país a una dictadura y enumeró los elementos que contribuyen a eso como la corrupción, impunidad, obstrucción al poder judicial, amenaza a la libertad de prensa. Su mensaje se dio durante una intervención en la cual remarcó que “el camino hacia la dictadura siempre arranca en el mismo sitio”.
La diputada al Parlamento Europeo, Izaskun Bilbao, advierte cómo las amenazas a la independencia judicial y la libertad de expresión, entre otros elementos conducen a Guatemala hacia una dictadura.
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— Diario La Hora (@lahoragt) April 7, 2022
“Se destruye la independencia del poder judicial, se amenaza la libertad de prensa y expresión, se persiguen los residentes y las organizaciones que los agrupan y se minan todos los mecanismos de control, la Guatemala de Alejandro Giammattei baja ya por esa cuesta a lomos de la corrupción e impunidad”, expresó Bilbao.
La eurodiputada expresó ese deterioro, lo cataliza la desesperación de la ciudadanía, “cerca de la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza, las tormentas Eta e Iota y la pandemia no han hecho si no agravar esta situación, demasiada gente en Guatemala debido a estos factores ya tiene muy poco que perder”.
Bilbao añadió que los esfuerzos deben centrarse a restaurar la democracia, además en acabar con la injusticia y la miseria, “ojalá los comités presidenciales contra la corrupción y paz y la democracia tengan éxito, pero con la misma urgencia hay que impulsar medidas contra la pobreza en favor del crecimiento inclusivo y la igualdad, la Unión Europea debe utilizar las cláusulas del acuerdo de asociación, diálogo político y cooperación para estimular esos decisivos cambios”.
PREOCUPACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS
Además, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la situación de los Derechos Humanos en el país por “el deterioro del Estado de Derecho en Guatemala y las acciones judiciales iniciadas por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público contra jueces, abogados y fiscales independientes que investigan estructuras criminales vinculadas a altos funcionarios del Estado y empresarios”.
Los eurodiputados también condenaron la criminalización, detención y hostigamiento de operadores judiciales “que investigan casos de corrupción, así como de defensores de derechos humanos y periodistas”.
Dentro de la postura, se hizo un llamado a las autoridades guatemaltecas a realizar “investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre las amenazas, actos de hostigamiento y campañas de estigmatización contra operadores de justicia y actores de la sociedad civil”.
Por último, instaron a poner fin a estas acciones y defender el Estado de Derecho, así como el pleno respeto a la independencia de los poderes.
EUROCÁMARA CONMINA A RESPETAR LA JUSTICIA
Aunado a estas posturas, la diputada al Parlamento Europeo Tilly Metz durante su discurso en el marco del debate sobre la situación del país hizo un llamado para detener la criminalización a jueces y a transparentar la elección del nuevo Fiscal General.
“En mi discurso sobre #Guatemala, insté a las autoridades a dejar de criminalizar a los operadores de justicia, a asegurar la independencia del sistema de justicia y garantizar un proceso transparente al seleccionar al nuevo Fiscal General”, expresó Metz.
Además, la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, calificó este miércoles de «preocupante» la proliferación de procesos judiciales contra jueces independientes, fiscales y juristas en Guatemala y advirtió de que el espacio de la sociedad civil de este país «para actuar libre de obstrucciones» está «disminuyendo».
«Hacemos un llamamiento a las autoridades para garantizar la seguridad de los detenidos y sus derechos a un proceso justo», señaló Dalli.
