La abogada Marisa Carrascosa presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad contra la Ley Provida y Familia. Foto: Redes sociales.

La abogada Marisa Carrascosa y un grupo de mujeres presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra del decreto 18-2022, “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, al considerar que la normativa penaliza a las mujeres que abortan en general sin tomar en cuenta las posibles causas.

Además, señalaron que prohíbe la unión de hecho y el matrimonio para personas del mismo sexo, enfatizando que “tiene por objeto la protección del derecho a la vida, la familia, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer”.

A través de su cuenta de Twitter, Carrascosa explicó: “Con @abarillasg @Jentimally @totimendez25 pusimos nuestro grano de arena en la discusión sobre la importancia de conceptos claros en el Código Penal, no queremos conceptos que criminalicen las pérdidas #NoALa5272”.

Su publicación continuó con un hilo en el cual señaló: “la certeza y la seguridad jurídica de un sistema penal recaen en la redacción correcta y de conformidad con la teoría del delito de nuestras normas penales”.

Finalizó indicando: “esto lo hacemos por mis dos bebés en el cielo y todas las mujeres que han tenido abortos espontáneos, porque no se vale criminalizar el dolor”.

COMISIÓN EN EL CONGRESO PIDE VETO DEL DECRETO 18-2022

La Comisión del Menor y la Familia del Congreso en compañía de diversas organizaciones sociales, solicitaron al presidente Alejandro Giammattei vetar el Decreto 18-2022, “Ley de Protección de la Vida y la Familia”, normativa aprobada por 101 diputados integrantes del pacto oficialista.

El diputado Edgar Batres, presidente de la sala de trabajo, argumentó que el decreto en mención ignora que en Guatemala existen diversos tipos de integración de la familia, “mucho más allá de papá, mamá e hijos la diversidad es manifiesta en la configuración de las familias guatemaltecas”.

Añadió que en la normativa se evita que la niñez y adolescencia tengan una educación que se apegue a la realidad que viven y se criminaliza la diversidad sexual.

La diputada Sonia Gutiérrez condenó el Decreto porque calificó que “es una aberración jurídica y social en este país”.

Agregó que el Congreso está castigando a las mujeres y familias de este país “con este Decreto lo que pretende es endurecer las penas a aquellas mujeres que sufran de abortos espontáneos”.

Gutiérrez señaló que el país es un lugar donde las mujeres viven en condiciones inhumanas donde las familias sufrimos de pobreza y desigualdad, “hoy el Estado las está condenando, criminalizando y perseguir, y eso es grave para el país”.

 

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