POR MANUEL GARCÍA
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La Corte de Constitucionalidad (CC) ha recibido hasta la fecha ocho recursos contra los procesos de designación de los nuevos magistrados para el período 2021-2026 que realizan los tres poderes del Estado, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, así como la Universidad de San Carlos.
Las acciones, específicamente, han sido amparos planteados contra las designaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Congreso de la República y el presidente Alejandro Giammattei, argumentando falta de transparencia y de examinar rigurosamente la vida profesional de los aspirantes.
Los actos denunciados han sido contra tres de los cinco cuerpos electores de magistrados titulares y suplentes a la CC.
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Sin embargo, hasta el momento continúa avanzando la designación en los distintos organismos, con entrevistas y revisión de expedientes de los profesionales.
Algunos de ellos han sido planteados por organizaciones campesinas, la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, el abogado Alfonso Carrillo, entre otros.
CC DA TRÁMITE A DOS AMPAROS
En tanto, la CC le dio trámite a dos amparos que fueron planteados contra el Ejecutivo y el Congreso en el marco de la elección de magistrados a ese tribunal.
Las acciones que avanzaron son las promovidas por la Asamblea Social y Popular (ASP) y los diputados Orlando Blanco y Carlos Barreda de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La ASP señaló falta de transparencia por parte del presidente Giammattei y del Congreso en los procesos para designación de magistrados, en cuanto al Ejecutivo indicaron que hasta la fecha no se conoce quiénes podrían ser los aspirantes a las magistraturas, mientras que los otros cuatro entes encargados de la designación hacen público el proceso. Sobre el caso del Congreso, señalaron que no han garantizado la participación ciudadana.
En el caso de los diputados de la UNE, han indicado que, accionaron por considerar que Giammattei y su Consejo de Ministros no han actuado de forma transparente.
Para ambos casos, las autoridades denunciadas deben remitir un informe circunstanciado a la CC en el plazo de 48 horas después de las notificaciones, para determinar si procede o no el amparo provisional. Sin embargo, la alianza oficialista, tiene previsto elegir hoy a la magistrada Dina Ochoa para un nuevo período en el tribunal constitucional.
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