POR MANUEL GARCÍA
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El Ministerio Público informó que, a través de la Fiscalía de Delitos Económicos, en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), realizan diligencias de allanamiento, inspección y registro en tres inmuebles ubicados en la ciudad capital, por un caso de supuesta evasión fiscal.
La Fiscalía indicó que el objetivo es el secuestro de evidencia para fortalecer el proceso de investigación que se realiza en seguimiento a una denuncia presentada por Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en contra de la entidad mercantil Vacaciones Centroamericanas S.A.
La SAT intervino esa entidad en 2016 por defraudación tributaria y caso especial de defraudación.
Un año después, las autoridades detuvieron a Sergio Rodrigo Díaz Valladares, representante legal de Vacaciones Centroamericanas S.A., por los delitos de defraudación tributaria, caso especial de defraudación tributaria y falsificación de documentos privados.
El MP informa que realiza diligencias de allanamiento en tres inmuebles ubicados en la ciudad capital, por una investigación que se realiza en seguimiento a una denuncia presentada por SAT en contra de la entidad mercantil Vacaciones Centroamericanas S.A. pic.twitter.com/AGjtYfaNqC
— Diario La Hora (@lahoragt) February 4, 2021
LOS INDICIOS
Según las pesquisas, las anomalías denunciadas por la SAT corresponden al periodo fiscal 2013, en donde se estableció irregularidades en ventas de acciones, “derivado que, de la auditoría realizada del período comprendido del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013, se estableció en la entidad que mediante maniobra, ardid o engaño indujo a error a la Administración Tributaria, toda vez que simuló la venta de acciones sin estar legalmente registradas ante el Registro Mercantil”.
Además, la Fiscalía señaló que también se identificaron indicios de anomalías en la emisión de facturas. “Con el propósito de declarar exentos los ingresos de la supuesta venta de acciones; asimismo, se estableció que la entidad emitía factura en concepto de servicios administrativos, más no por la totalidad del servicio prestado a sus clientes”.
La SAT argumentó en la denuncia que estas acciones provocaron una pérdida en el IVA, ISR e Impuesto de Solidaridad para el Estado y que asciende a un monto de más de Q13 millones más multas e intereses.
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