POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
Hace casi tres años (8 de marzo de 2017) ocurrió un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción que era administrado por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP) y provocó la muerte de 41 niñas y heridas a 15. En la actualidad, la situación de las casas administradas por esa institución ha cambiado poco, pues las evasiones (abandonos de proceso) continúan, persiste el hacinamiento, la perfilación inadecuada, el déficit de personal, entre otros problemas.
Actualmente la SBSP administra quince casas de modelo residencial en Quetzaltenango, Zacapa y Guatemala, que alberga a 336 niños, niñas y adolescentes (NNA) institucionalizados por orden de juez, informó Carlos Gómez, subsecretario de Protección y Acogimiento de la SBSP.
Las niñas continúan como las principalmente institucionalizadas, pues de los 336 menores de edad, 175 son de género femenino y 161 de género masculino.
De acuerdo con las autoridades de esa institución, el 90 por ciento de los menores de edad tiene familia; llegaron por diferentes circunstancias a las casas de modelo residencial que van desde vulneración de sus derechos, hasta por la necesidad de contar con la protección del Estado. La decisión fue por orden de juez competente.
LAS EVASIONES Y LA REALIDAD QUE NO CAMBIA
El 8 de marzo de 2017, murieron en un incendio 41 niñas y 15 resultaron con heridas graves. Las menores de edad habían denunciado violencia física, sexual y psicológica, además, constantemente se quejaban de la comida “con gusanos” que ingerían; de las pocas actividades en que ocuparse, así como del maltrato del personal de la SBSP.
Los NNA del Hogar Seguro solían escaparse y argumentaban malos tratos; varios niños, niñas y adolescentes prefirieron quedarse a vivir en la calle que regresar a ese espacio estatal.
El 7 de marzo de 2017, los NNA se escaparon y fueron regresados por la Policía Nacional Civil (PNC); estuvieron hasta la medianoche a la intemperie y después diferentes autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN), de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de la SBSP, firmaron un acta para que quienes habían huido, fueran ubicados en un aula, donde durmieron hacinados, en colchonetas, no pudieron salir al baño a hacer sus heces fecales; comieron en ese lugar improvisado.
No era la primera vez que las niñas y niños eran castigados de esa forma, antes del incendio varios de ellos habían denunciado que los colocaban en “la bartocha”, un espacio reducido donde “reflexionaban”. Estaban en condiciones similares a las que se reflejaron el 7 y 8 de marzo de 2017, que llevaron a la desesperación de las niñas que prendieron fuego a una colchoneta que se consumió de inmediato y propagó el fuego a toda el aula. Nadie abrió la puerta.
Estas situaciones evidenciaron que no existían protocolos de atención para cuando había crisis, es decir no había equipos multidisciplinarios de atención adecuada para la niñez, ni para prevenir eventos como estos.
A la fecha, las evasiones son un problema que continúa vigente, muestra de ello es que, del 1 de enero al 11 de febrero de 2020, la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth de la Procuraduría General de la Nación (PGN), activó 22 alertas de NNA abrigados en las casas de la SBSP, de las cuales 9 continuaban activadas hasta esa fecha.
Mientras que en 2019 activó 559 alertas, de las cuales quedaron sin desactivar para ese año, 114; en 2018 la Unidad Operativa activó 381 y 76 todavía estaban activas al terminar ese año; en 2017 (cuando ocurrió el incendio y habilitaron las casas de modelo residencial), fueron activadas 72 y 11 continuaban vigentes; en 2016 fueron activadas 140 y ese año cerró con 48 alertas sin desactivar. (Lea el recuadro El historial de las evasiones).
De acuerdo con una solicitud requerida por Acceso a la Información Pública a la PGN, las cinco residencias con más abandonos de proceso son: Diamante I, Luna de Xelajú, Zafiro I, Nidia Martínez y Diamante IV. (Lea el recuadro Casas con más abandonos de procesos).
Por otro lado, La Hora solicitó información pública al Consejo Nacional de Adopciones (CNA), donde informó que de 2016 a 2019 realizó un total de 280 supervisiones en los hogares de la SBS: en 2016 fueron 8; en 2017, 57; en 2018, 115 y en 2019, 100.
Los hallazgos más recientes, de 2018 y 2019, dan cuenta que la ubicación de NNA en residencias son inadecuadas para su abrigo y protección, debido a que se encontraban en colonias privadas donde los vecinos no habían sido sensibilizados, tampoco contaban con espacios al aire libre para promover actividades recreativas internas, externas u ocupacionales.
Además, había equipo multidisciplinario insuficiente para varias residencias, lo cual no permitía brindar atención integral a la población según el perfil. Persistía hacinamiento, perfilación inadecuada por parte de los profesionales del equipo multidisciplinario que promovía la mezcla de perfiles, por tanto, esa situación provocaba inestabilidad emocional, conflicto entre pares, quienes se ocasionaban algún tipo de daño a su integridad y había conductas de riesgo.
Asimismo, se evidenció descontextualización por la falta de territorialidad de los casos judiciales, secuelas por la no vinculación con el núcleo familiar e institucionalización prolongada. También, falta de expertiz para atender a la población con perfil psiquiátrico y con dependencia a sustancias psicoativas. Tampoco había evaluación actualizada para el tratamiento farmacológico en casos psiquiátricos.
Además, en algunas residencias no se da seguimiento al cumplimiento de requerimientos dejados en supervisiones. Asimismo, en algunas de estas casas no hay atención preventiva en salud, solo paliativa.
Los hallazgos del CNA también relvaron que los alimentos no cumplían con la calidad, cantidad e higiene adecuada para su consumo. La cantidad de vestuario y calzado era insuficiente, de acuerdo con talla y peso, además era de mala calidad o en mal estado.
Otros detalles revelados es que se implementó el Programa de Autonomía Progresiva, con la intención de preparar a los adolescentes de 16 a 18 años para una vida independiente. Asimismo, los trabajadores de las residencias de la SBSP han participado en talleres formativos por el CNA enfocados a los estándares de calidad en la atención de NNA en hogares de abrigo temporal.
¿QUÉ HA HECHO EL MP CNA, PGN?
En septiembre del año pasado, ante los constantes abandonos de proceso La Hora consultó al MP sobre las acciones que habían realizado por estas situaciones.
Rubí Monzón Soto, encargada del despacho del Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (MAINA), indicó en aquella ocasión, que consideraban que existía incumplimiento de deberes y por esa razón habían trasladado al menos cinco denuncias a la Fiscalía contra Delitos Administrativos del Ministerio Público MP para deducir responsabilidades y establecer qué sucedía.
“Por parte de esta representación se considera que existe un incumplimiento de deberes por parte de la SBS de la Presidencia, en virtud que no existen mecanismos para disminuir las evasiones por parte de los adolescentes”, indicó la titular del despacho del MAINA.
La profesional dijo que estas casas “no eran un hogar”, sino un lugar para pernoctar cuando los adolescentes lo deseaban. Agregó que el incumplimiento de deberes estaba regulado en el Artículo 419 del Código Penal y establecía sanciones con penas de prisión de 3 a 5 años e inhabilitación especial.
La semana pasada se intentó obtener información actualizada de las denuncias de las que habló la encargada del despacho del MAINA, pero al cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.
Por otro lado, el CNA respondió que las acciones que ha emprendido en los hogares, son: el monitoreo institucional junto con la SBSP y la PGN para conocer la ubicación de las sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro; ha efectuado supervisiones bimensuales a las residencias de los NNA de Hogar Seguro, ha entregado requerimientos y orientación en supervisiones, enfocada a la restitución de derechos, atención integral y abrigo residencial digno.
Además, ha dado seguimiento en audiencias en el Juzgado de Niñez y Adolescencia en el área Metropolitana.
Asimismo, coordina con la SBSP reuniones donde se tratan temas relacionados con el cuidado y protección de niñez, también trabaja con el Ministerio de Trabajo para dar seguimiento al plan de vida de la población de las residencias de Autonomía Progresiva de Mujeres y Hombres, y asesora y orienta para colocar expedientes de documentos que evidencian la atención a NNA de diferentes residencias.
Mientras que la PGN ha reiterado que ha fortalecido los equipos multidisciplinarios para que la institucionalización sea el último recurso. A través de investigaciones sociales, la PGN ha dicho que buscan recurso familiar idóneo; también trabajan con la SBSP para resguardar a los menores de edad con familias que los acogen temporalmente.
CIPRODENI: POCO O NADA SE AVANZÓ
Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez y Adolescencia (Ciprodeni), opina que existen desafíos para atender a la niñez institucionalizada, menciona que persisten los estereotipos a la niñez e incluso hay vecinos que se han opuesto a la presencia de los menores de edad que habitan en las casas de modelo residencial.
Por otro lado, Rivera dice que es necesaria la formación y capacitación en la doctrina de protección integral a los trabajadores de la SBSP, agrega que no solo se trata de buena voluntad.
El entrevistado refiere que hay un convenio de cooperación entre Ciprodeni y la SBSP para crear un centro de formación, capacitación y actualización de recursos humanos que atiendan a la niñez y adolescencia.
El secretario de Ciprodeni lamenta que la situación ha cambiado muy poco del 8 de marzo de 2017 a la fecha.
“¿Qué ha cambiado del 2017 al 2020? diría muy poco o casi nada, no podemos permitirnos que en este nuevo período de gobierno pasen cuatro años sin que las cosas cambien mínimamente, se sienten las bases para refundar la sociedad en relación con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes”, indica.
Rivera reitera: “En ese mismo sentido, las causas estructurales que han dado pie a la institucionalización y a la violación de los derechos de las niñas y los niños. Esas causas estructurales han permanecido, no han cambiado para nada del 8 de marzo de 2017 –a la fecha–. Me refiero a las condiciones de pobreza y pobreza extrema, violencias, la falta de empleo y salario digno, la ausencia total de políticas de protección social, no hay acceso a la salud de calidad, a servicios y a alimentación, no hay educación de calidad, ese es el grave problema que enfrentamos hoy”.
De acuerdo con Ciprodeni, la SBSP debe priorizar los temas a atender, por lo que se esperaría que este mes pueda contar con la definición de perfiles, establecer la estrategia a implementar para cada perfil, además de trabajar con la PGN y el Organismo Judicial.
¿CUÁLES SON LOS PLANES DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN?
Francisco Molina, secretario de Bienestar Social de la Presidencia, indica que han iniciado a verificar las residencias de protección de la SBSP y han encontrado que algunas están deterioradas, por eso han pedido a la Dirección de Planificación que realice una evaluación para ver si es apta para la niñez y adolescencia. Después del diagnóstico analizarán si se cambian o no.
“Existe hacinamiento, así lo hemos encontrado, no creo en abrir más residencias porque se llenarán, porque el sistema sigue actuando de la misma forma. Lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema, la no institucionalización o la desinstitucionalización y lo vamos a hacer a través del fortalecimiento de Programas de Familias de Acogimiento Temporal. El 90 por ciento de los NNA tienen familia, hemos tenido reuniones con la PGN porque deben ayudar a buscar el recurso idóneo, porque la institucionalización tiene daños irreversibles para el desarrollo cognitivo de un niño”, refiere Molina.
El Secretario admite que hay personal que no es idóneo y debe cambiarse, aunque destaca que hay algunos desafíos porque la SBSP está emplazada y no es posible despedir a ciertas personas, por eso a través de un juez pedirán destituciones, conforme a la ley.
El entrevistado dice que el personal no idóneo, es aquel del que se ha tenido sospechas que ha realizado actos inadecuados, malos tratos y otros vejámenes contra los NNA; además no ha reflejado resultados en su trabajo.
El funcionario dice que en el caso de la SBSP están creando protocolos e iniciarán a profesionalizar al personal para que implementen buenas prácticas dentro de las residencias de la SBSP.
Según Molina, ha girado instrucciones a los tres subsecretarios para interponer denuncias y separar de los cargos a los trabajadores que se sospecha podrían maltratar a los menores de edad.
Casas con más abandono de procesos
Según la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth, estas son las residencias con más abandono de procesos:
1. Diamante I
2. Luna de Xelajú
3. Zafiro I
4. Nidia Martínez
5. Diamante IV
