POR MARIELA CASTAÑÓN
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El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda, dio a conocer que tras solicitar información al Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre un censo de trabajadores de diferentes dependencias del Estado, se confirmó que el Ministerio de Gobernación (Mingob) no permitió efectuar el censo a su personal, aduciendo un tema de seguridad, por lo que realizó su propia verificación y se determinó que 10 mil trabajadores no fueron censados.
Barreda indicó que tras buscar citaciones con autoridades del INE y tener acceso a la información, lograron obtener más detalles, como la falta de censo a trabajadores del Mingob.
“Nosotros indagamos y nos enteramos que no se dejaron censar, usaron otra metodología, capacitaron a gente de Gobernación y ellos lo hicieron, pero no les dieron el Documento Personal de Identificación (DPI), ni los nombres, entonces no está censado, por lo menos 10 mil –personas–. No pueden dar fe de esos datos”, reiteró el funcionario.
De acuerdo con Barreda, uno de los argumentos para no permitir que el INE los censara, fue que se trataba de un tema de seguridad.
El entrevistado dijo que ahora le corresponde a la Contraloría General de Cuentas (CGC) auditar lo documentado.
La Hora consultó a Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, pero no respondió a las llamadas realizadas a su teléfono celular. En su lugar fue consultado, Fernando Lucero, portavoz del Ministerio de Gobernación, pero no respondió las preguntas al cierre de esta nota.
OTROS HALLAZGOS
Barreda explicó que el censo se realizó en 85 dependencias del Estado y se verificaron que las personas estuvieran en sus puestos de trabajo hasta en tres ocasiones.
De acuerdo con la información proporcionada por el diputado, de 292 mil empleados censados 37 mil 944 no fueron localizados.
“El trabajo de campo se da en dos momentos, en el que se hizo el trabajo de campo y si no estaban, no estaban”, refirió.
Barreda agregó que las justificaciones para argumentar las ausencias pueden ser diversas, pero el hallazgo es que no estaban en sus puestos de trabajo cuando se pretendía hacer el censo.
Estas verificaciones fueron entre el 11 de julio de 2017 al 3 de octubre del mismo año. Y de octubre a diciembre de 2018.
El entrevistado dijo que la idea era hacer un censo de todo el gobierno y finalmente quedó un censo del gobierno central y se adhirieron algunas entidades de forma voluntaria; asimismo, hay un acuerdo gubernativo que demanda que entidades deben ser censadas, reiteró.
El congresista indicó que con estos datos no se puede decir que sean plazas fantasma, en este caso las direcciones de recursos humanos y la CGC deben auditar.
