POR MARIELA CASTAÑÓN
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El Ministerio de Gobernación (Mingob), a través de su portavoz Fernando Lucero, dio a conocer que aún no han sido notificados sobre la solicitud de la fiscal general Consuelo Porras, de certificar lo conducente y destituir al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart y al viceministro de Prevención del Delito y la Violencia, Axel Romero, debido a que incumplieron con el traslado de los recursos financieros para la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia.
Lucero expresó que no pueden emitir opinión al respecto, sino que lo harán hasta conocer oficialmente la solicitud del ente investigador.
“Aún no hemos sido notificados, por lo cual no podemos emitir opinión ni adelantar criterios hasta conocer la solicitud del MP. Una vez notificados se ampliarán las declaraciones acerca del tema”, explicó el portavoz.
Ayer, el Ministerio Público informó que por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales se presentó la debida ejecución de la resolución de amparo provisional en los expedientes acumulados 4663-2019 y 4665-2019 para que se celebre y firme el Convenio por medio del cual se regula el traslado de los recursos financieros del Ministerio de Gobernación a la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, para que pueda continuar con su funcionamiento.
El MP explicó en un comunicado que se solicitó se certificara lo conducente al ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias y al tercer viceministro, Axel Manuel Alejandro Romero García, y se procediera a la destitución inmediata de ambos funcionarios, “por la notoria desobediencia al amparo provisional referido”.
MINGOB DISOLVIÓ COMISIÓN
El pasado 20 de junio, La Hora publicó la nota “Mingob disuelve Comisión para el Fortalecimiento a la Justicia”, donde dio a conocer que la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, era una instancia derivada de los Acuerdos de Paz, creada para dar seguimiento y apoyo al fortalecimiento de la justicia, por medio de la coordinación interinstitucional y multisectorial.
Ese día fue publicado el Acuerdo Gubernativo 97-2019, que ordena la disolución de la Comisión y literalmente indicaba:
“Mediante Acuerdo Gubernativo Número 221-97, en cumplimiento al Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y función el Ejército, en una sociedad democrática, se creó la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia a que se refiere el numeral 15 del Acuerdo mencionado y dicha Comisión presentó oportunamente su informe final y recomendaciones por lo cual, mediante Acuerdo Gubernativo Número 576-98 se instituyó la Comisión Ad Hoc para el apoyo del Fortalecimiento de la Justicia en Guatemala, con el objeto de dar seguimiento a las recomendaciones formuladas y prestar asesoramiento”, se explicó.
Por otro lado, la publicación refirió que se acordó disolver la Comisión e instruyó a la Secretaría de la Paz “llevar a cabo las acciones y gestiones tendientes a la liquidación de las actividades y compromisos de la Comisión Nacional”, para lo cual no debía excederse 30 días luego de la entrada en vigencia del Acuerdo.
Además, dio a conocer que se debía emitir el plan de liquidación que atendería: operaciones y compromisos financieros pendientes de la Comisión Nacional, inventario de bienes inmuebles, contratar y/o designar al personal necesario para concluir con las operaciones de liquidación, la atención de las obligaciones contraídas, requerir a la Contraloría General de Cuentas (CGC) las auditorías necesarias y la elaboración del cronograma respectivo.
Según la página de esa Comisión, estaba integrada por diferentes instituciones de seguridad y justicia, entre estas: Organismo Judicial (OJ), Ministerio Público (MP), Ministerio de Gobernación (Mingob), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Policía Nacional Civil (PNC), Colegio de Abogados y Notarios, Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos y Rafael Landívar y ciudadanos notables como Rosalina Tuyuc, Helen Mack, entre otros.
