Diversas organizaciones nacionales e internacionales, así como diplomáticos y funcionarios han manifestado su preocupación y rechazo antes los recientes hechos impulsados por el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y han dado a conocer su postura ante la situación por múltiples comunicados.
El pasado 10 de febrero el Ministerio Público (MP), dio a conocer el caso “Cooptación y Corrupción Judicial”, las órdenes de captura fueron emitidas por la FECI a cargo de Rafael Curruchiche y estaban dirigidas hacia abogados y exintegrantes de la otrora CICIG y FECI.
En las diligencias de allanamiento fue detenida la abogada Leydi Indira Santizo Rodas, exmandataria de la CICIG y se libró orden de aprehensión contra Eva Siomara Sosa, exfiscal de la FECI, quien se puso a disposición del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de manera voluntaria.
OBSERVATORIO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS
Abogados sin Fronteras (ASFC), American Jewish World Service (AJWS), Be Just, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRC), Fundación por el Debido Proceso (DPLF), Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG), Impunity Watch, Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa ACTuando Juntas Jotay Guatemala, Protección Internacional Mesoamérica y Robert F. Kennedy Human Rights, en un comunicado “lamentan y condenan el papel que está jugando el Ministerio Público”.
Agregan que la FECI a cargo de Curruchiche, sin ningún sustento solicitó las órdenes de aprehensión al Juzgado de Primera Instancia Penal, por el supuesto delito en el caso Cooptación y Corrupción Judicial. Así mismo añadieron que rechazan la criminalización de la abogada Santizo y la exfiscal Sosa.
La persecución de estas dos defensoras íntegras, busca obstaculizar la investigación y judicialización de casos de corrupción a gran escala, comprometiendo así, la independencia judicial como un valor esencial en un régimen democrático. ⬇️
— CEJIL (@cejil) February 11, 2022
“La persecución de estas dos defensoras íntegras, busca obstaculizar la investigación y judicialización de casos de corrupción a gran escala, comprometiendo así, la independencia judicial como un valor en un régimen democrático”, escriben en el pronunciamiento.
Exigieron al Estado de Guatemala garantizar la vida y la integridad tanto de Santizo como de Sosa, y el debido proceso, e instaron a los organismos internacionales de derechos humanos, así como a la comunidad internacional a pronunciarse “enérgicamente” en rechazo de estos actos, “que ponen en entredicho la integridad del sistema democrático del país”.
UNIÓN EUROPEA SE SUMA A PRONUNCIAMIENTOS
La Unión Europea (UE) también se pronunció al respecto, por medio de una declaración escrita en la que expresan su preocupación por “el continuo deterioro del Estado de Derecho en Guatemala”.
Mencionan que tanto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscal General han iniciado acciones legales en contra de jueces, abogados y fiscales independientes, que han resultado en arrestos y pérdida de inmunidad judicial.
“También notamos que estas acciones fueron precedidas por una larga campaña en redes sociales que incluye intimidación y amenazas, especialmente en contra de personas que conformaron el equipo de la FECI y la CICIG”, enfatizaron.
En el documento hacen un llamado a que las autoridades garanticen la seguridad de las personas detenidas y salvaguarden el derecho al debido proceso, por último, agregan que estarán monitoreando de cerca la situación y seguirán trabajando para que la democracia y los derechos humanos en el país se respeten.
La abogada Leydi Santizo, exmandataria de la CICIG, fue detenida hoy por el caso denominado Cooptación y Corrupción Judicial y ahora será trasladada a un centro de privación de libertad.
?José Orozco/La Hora pic.twitter.com/aBxpe4bSNS
— Diario La Hora (@lahoragt) February 10, 2022
FONGI GUATEMALA
La red de 31 organizaciones no gubernamentales provenientes de diferentes países de Europa y Norteamérica, con presencia solidaria en Guatemala, hizo un llamado a las autoridades nacionales competentes para “que cesen las acciones de criminalización y persecución contra operadores y defensores de la justicia”.
Mencionan que es preocupante la persecución que la CSJ y la Fiscal General contra exintegrantes de la FECI y la CICIG, y que califican como un claro patrón de persecución por parte de dichas autoridades, por lo que rechazan categóricamente la decisión de retirar la inmunidad al juez Pablo Xitumul al ser una acción que busca atemorizar y separar de sus judicaturas a jueces probos.
Hacen un llamado a las autoridades nacionales competentes para el cese de estas acciones contra operadores y defensores de la justicia, así como instan a la comunidad internacional a pronunciarse ante dicha situación y “dar el seguimiento a la situación de deterioro por la que está atravesando el Sistema de Justicia de Guatemala, y la vulnerabilidad del Sistema Democrático en la que los altos funcionarios del MP y Organismo Judicial colocan al país y sus habitantes”.
CRISTOSAL PIDE NO INSTRUMENTALIZAR LA JUSTICIA
La organización de derechos humanos en El Salvador, Honduras y Guatemala se pronunció por medio de un comunicado, el cual titulan con un llamado a “la no instrumentalización de la justicia para represión política en Guatemala”.
Por medio del escrito, expresaron que los múltiples casos de procesamiento penal sin conocimiento de cargos ni seguimiento del debido proceso evidencian un comportamiento sistemático de utilización de las instituciones del Estado para la represión y persecución política; “una tendencia que se reproduce en gobiernos de carácter autoritario en la región”.
Añaden que este tipo de acciones violentan los derechos fundamentales de la defensa, la presunción de inocencia y la justicia, además de demostrar una falta de apertura en transparencia, lo que califican como un retroceso del Estado de Derecho y democracia.
Caso Cooptación y Corrupción Judicial: Por tercera vez, la fiscal Siomara Sosa se apersona al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal para solicitar audiencia con el juez. Señala que no ha sido atendida en la judicatura.
?: Oscar Canel/LH pic.twitter.com/PgxNVg2s2V
— Diario La Hora (@lahoragt) February 11, 2022
“Recordar el compromiso de los Estados miembros de la OEA de cumplir lo establecido en la Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento de defensa de la democracia y por tanto de la posibilidad de sancionar a los Estados que rompan el orden constitucional y debiliten la democracia”, se lee en el punto número tres.
Finalmente hacen un llamado a las instituciones gubernamentales de Guatemala como de los demás países de la región para respetar la independencia de poderes que aplican de forma objetiva la justicia y respetan los derechos de las personas procesadas con causas desconocidas y sin seguir procedimientos de ley, y a la sociedad civil le recuerdan la importancia de ser garantes de la transparencia y velar por los derechos de las víctimas de este tipo de vulneraciones.
PIDEN TRANSPARENCIA
La agrupación gremial del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala manifestó su condena a la criminalización que el MP está emprendiendo en contra de sus colegas: abogados, jueces, fiscales y otros operadores de la justicia, “están siendo perseguidos por el simple hecho de ejercer su profesión”.
En el escrito expresan su solidaridad, apoyo y respaldo a quienes por ejercer su labor están siendo víctimas de persecuciones que carecen de fundamento y asidero legal.
“Ante el silencio de la Junta Directiva del Colegio, los profesionales honestos reiteramos nuestro compromiso con la justicia, el gremio y la construcción de un país mejor”, indicaron.
ORGANIZACIÓN DE MUJERES HABLA DE POLÍTICAS REPRESIVAS
El movimiento de Mujeres Mayas, Xincas, Garífunas y Mestizas con Poder Constituyente condenan la persecución y represalias contra de las abogadas Santizo y Sosa.
“Identifica con suma preocupación las políticas represivas que llevan al país a transitar de retorno hacia las décadas más dolorosas y sangrientas de la historia de Guatemala”, manifiestan en el escrito.
En el pronunciamiento añadieron que denuncian a la comunidad internacional estas acciones que desde la institucionalidad de justicia de Guatemala lo que logran es generar impunidad a grupos interesados en la “continuidad de la cooptación del Estado”, y que también generan un mensaje amenazante hacia todas las personas que desde su ejercicio profesional y espacios buscan el fortalecimiento del Estado de Derecho, la defensa de institucionalidad y garantía plena de derechos humanos.
?#Comunicado | El Movimiento de Mujeres con @PoderConstituy6 manifiesta su profundo rechazo a las acciones que buscan generar impunidad a los grupos interesados en la continuidad de la cooptación del Estado? pic.twitter.com/6mG0cXyRO2
— Poder Constituyente (@PoderConstituy6) February 11, 2022
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)
En una declaración escrita la entidad menciona que el Secretario General ha tenido conocimiento con preocupación de la detención de al menos dos personas que cooperaron en su tiempo con la CICIG, un órgano independiente que operó hasta el año 2019 en el país con base en el acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala.
“El Secretario General recuerda que los procesos judiciales deben cumplir con los requisitos de un juicio justo y del debido proceso, y que es deber de todas las instituciones nacionales respetar y observar la independencia del poder judicial”, agregan en el escrito.
— Todd Robinson (@Digby06) September 29, 2021
DESDE ESTADOS UNIDOS
Por medio de tuits distintos funcionarios públicos en Estados Unidos han emitido una opinión respecto a la situación.
El Subsecretario Nichols expresó que “las acciones del 10 de febrero del Fiscal General de Guatemala contra los fiscales anticorrupción actuales y anteriores continúan un patrón de intimidación y venganza contra los individuos responsables de luchar contra la impunidad. Estas acciones preocupantes socavan el Estado de Derecho”.
Por su parte la representante Norma Torres manifestó: “El gobierno de Guatemala ha detenido a otro líder de la lucha contra la corrupción, y no se detendrá hasta silenciar a todos los que luchan por sacar a la luz sus manejos corruptos, Estados Unidos debe garantizar la protección de quienes luchan valientemente por la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala”.
Además, Torres calificó estas aprehensiones como ataques constantes contra el Estado de derecho, con el fin de proteger los intereses corruptos de élites y quienes están en el poder en el país.
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) publicó un tuit con un mensaje emitido por el Subsecretario de la entidad Todd D. Robinson en el que mencionan que: “Acciones como éstas de la Fiscal General, son inútiles e inaceptables. El #EstadoDeDerecho debe ser defendido por nuestros socios y vecinos para asegurar la seguridad, protección y #Prosperidad para todos nosotros”.
Tanto el tuit de Nichols como el de la INL fueron retuiteados por la Embajada de EE. UU. en Guatemala.
The Guatemala Attorney General’s February 10 actions against current and former anti-corruption prosecutors continue a pattern of intimidation and revenge against individuals responsible for fighting impunity. These concerning actions undermine the rule of law.
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) February 11, 2022
