La infectóloga, Iris Cazali se refirió al cansancio que la pandemia ha dejado al personal de primera línea. Arte: Esteban Cardona

En reiteradas ocasiones el personal de salud en primera línea ha expresado su preocupación ante el incremento de casos Covid-19 en el país, incluso han propuesto medidas estrictas como la restricción de movilidad. Sin embargo, tanto el organismo Ejecutivo como el Legislativo aún no han accionado pese a las múltiples recomendaciones.

Hasta ayer, en reunión de jefes de bloque del Congreso de la República, expertos epidemiólogos, infectólogos y médicos representantes del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala (COLMEDEGUA) realizaron una serie de recomendaciones para atender el alza de contagios en el país. En estas destacaron decretar toque de queda de 19 a 4 horas del siguiente día.

«Ya es hora de que el Ejecutivo tome la responsabilidad que le corresponde con el Legislativo porque el personal de salud seguirá haciendo lo que le corresponde», puntualizó el doctor Jorge Ranero, presidente del COLMEDEGUA.

Además, la epidemióloga Iris Cazali expresó: «A nosotros nos toca ver lo que nuestros compañeros están viviendo. Nuestros compañeros están cansados, los que están en la primera línea se sienten frustrados, ya no saben qué hacer. Les frustra ver que la gente este yéndose de sus casas a visitar amigos o que estén tomando algún feriado o que estén visitando más personas o yendo a otros lugares, contagiándose y contagiando a otros”.

Sin embargo, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, indicó que la propuesta será conocida hasta la próxima semana, debido a que en la agenda de este jueves “no les permite conocer otros temas”.

Mientras que el Ejecutivo aún no ha informado si tomará en cuenta las recomendaciones que hicieron expertos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.


En ese sentido, este vespertino consultó a Karin Slowing, experta en temas de salud e integrante del Laboratorio de Datos; y a Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), sobre la actitud del Ejecutivo y Legislativo ante la situación que presenta el país.

SLOWING: FALTA DE ENTUSIASMO

A decir de Karin Slowing, por instinto político el Congreso pudo haberse mostrado “entusiasta” al planteamiento del cuerpo colegiado del país, representado por prestigiosos epidemiólogos y médicos. Agregó que: “A mí me pareció falta de entusiasmo lo que pude ver ayer. Y la situación no está como para lo que dijo el presidente del Congreso, que hay que esperar a la otra semana. Una resolución inmediata es lo que hubiera esperado, y una ruta más clara a un instrumento legal que permita enfrentar la situación”, puntualizó.

La analista indicó que el Legislativo tendría que discutir las acciones a tomar en términos de modificaciones transitorias o permanentes a leyes. “Se supone que saben cómo el Congreso debe responder ante esta situación. Pero creo que no hay mucha interés”, refirió.


Slowing sostuvo que todos están esperando que reaccione el presidente de la República, Alejandro Giammattei, quien no asistió a la reunión convocada. Además, mencionó que del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se desconoce quién la conduce.

ZAPATA: BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS

Por su parte, Juan Carlos Zapata de FUNDESA señaló la importancia de “buscar alternativas políticas viables”, las cuales tomen en cuenta diferentes sectores de la población. Además, resaltó que deben considerarse las opiniones de autoridades locales e indígenas.

“La Presidencia envió el Estado de Calamidad al Congreso y se improbó su aprobación. Hay varias leyes que pudieran aprovecharse para agilizar las compras y garantizar el uso del módulo sugerido de compras, que puede transparentar el proceso”, expresó.


Asimismo, señaló que la opinión de los alcaldes y autoridades indígenas es de suma importancia, debido a que “cada territorio es distinto”. Destacó que, al tomar en cuenta dichas opiniones, se podría determinar cuáles municipios fuera del área metropolitana pueden cerrar.

Detalló que el 80% de la población económicamente activa no tiene acceso a seguro social, 70% trabaja en la economía informal y un 60% de la población total vive por debajo de la línea de pobreza.

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