Durante la mañana de este miércoles, fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un allanamiento en la vivienda de Juan José Corado, editor de deportes de elPeriódico. Ante ello, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) expresó su rechazo y solicitó que sea esclarecido el hecho, mientras el MP afirmó que la diligencia se desarrolló como parte de un operativo contra el robo de vehículos y no por la labor del editor.
De acuerdo con la APG, durante la diligencia las autoridades impidieron al periodista comunicarse con su abogado tras arrebatarle el celular. Además, tampoco le permitieron documentar el operativo ni fue informado de las razones del procedimiento o si era en relación con una investigación. Al finalizar, tan solo se le informó que no encontraron “ninguna evidencia”.
Asimismo, indican que la orden de allanamiento fue aprobada por el juez de Primera Instancia, Geisler Smaille Pérez Domínguez, quien se postuló como magistrado a la Corte de Apelaciones en 2019, y que cuenta con una solicitud de antejuicio por su presunta vinculación en el caso Comisiones Paralelas 2020.
MP: NO ES UNA ACCIÓN INDIVIDUAL
La Hora consultó al MP la razón del allanamiento en la casa del comunicador, a lo que respondió que fue en seguimiento a una investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, a través de la Unidad contra el Robo de Vehículos. Este miércoles realizaron 64 diligencias en distintos municipios de Guatemala.
“El caso no guarda relación alguna con la labor periodística que desarrolla el periodista ni el medio de comunicación al que representa, al cual respetamos y reconocemos por su importante labor informativa”, señaló Juan Luis Pantaleón, vocero de la institución.
Según Pantaleón, las diligencias realizadas forman parte de una investigación amplia de una estructura y “bajo ninguna circunstancia representa una acción individual hacia el periodista”.
Asimismo, detalló que el 6 de diciembre de 2019 fue inaugurada la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, enfocada en “garantizar el libre ejercicio periodístico, la libertad de prensa, la libre emisión del pensamiento y el acceso de la ciudadanía a la información”.
A la vez, aseguró que dicha fiscalía tiene competencia especializada para conocer, investigar y perseguir los delitos que se cometan contra periodistas cuando los hechos sean para limitar sus derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, actos de intimidación, hostigamiento o represalia por su actividad.
Pantaleón añadió que habrá que esclarecer el hecho de que a Juan José Corado no se le permitió comunicarse con su abogado. “Es oportuno que se presente la denuncia respectiva para investigar el hecho”, aseguró.
