Al menos 63 organizaciones y 150 personas expresaron en un comunicado, su rechazo contra el uso malicioso de la Ley contra Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, en donde funcionarios públicos y familiares “se victimizan”, aprovechando su condición de mujeres.
“Es indignante la utilización de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, por funcionarias y familiares de funcionarios públicos que se victimizan aprovechando su condición de mujeres. Es un abuso del poder público que, además, irrespeta la vida y las luchas de las mujeres en contra de la violencia y la discriminación. Igualmente indignante es que los administradores de justicia se presten para este tipo de actos”, expresan por medio de un comunicado.
DOS CASOS QUE LO EVIDENCIAN
En el pronunciamiento, señalan que el 21 de mayo del año en curso, María Luisa Morales Gatica y Claudia Ivonne Martínez Morales, madre y hermana de Miguel Martínez, ex director del ahora extinto Centro de Gobierno, denunciaron a los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa por los delitos de coacción y violencia contra la mujer en su manifestación psicológica. Según las organizaciones, la acción se trata de una “represalia” por las investigaciones realizadas por los comunicadores.
A esta situación se suma la denuncia de la directora de Comunicación Social del Congreso, Joselyn Mérida, quien acusó a los periodistas por del delito de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica. Esta denuncia se dio después que Figueroa y del Cid publicaran en un reportaje que tanto Mérida como Fernando Castañeda, subdirector de Comunicación del Legislativo, presuntamente ordenaran desprestigiar al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y diputados de la oposición.
ACCIONES BUSCAN OBSTACULIZAR LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA
Por lo que las organizaciones y personas individuales puntualizan que el uso de la Ley de Femicidio en estas denuncias es para “obstaculizar la investigación periodística y el acceso a la información”, así también para “criminalizar a quienes investigan la corrupción en las instancias de gobierno”.
“Denunciamos estas acciones como un fraude de Ley, pues la misma no fue promulgada para asegurar impunidad a las mujeres que buscan encubrir actos ilícitos propios o de sus cónyuges ni para evitar la obligatoria rendición de cuentas de mujeres cuando ejercen cargos públicos y cometen actos de corrupción e ilícitos de todo tipo”, expresan.
por último, exigen a la fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, que no sea “cómplice de las arbitrariedades”, destacando que la entidad debe trabajar en favor de las mujeres y “no viabilizar denuncias espurias”.
