La sanción se aplica a Gustavo Alejos y Felipe Alejos por el Departamento del Tesoro. Foto La Hora

Por María España
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Este lunes, 26 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Gustavo Adolfo Alejos, exsecretario privado de Álvaro Colom, y Felipe Alejos, diputado al Congreso de la República, por sus vínculos en corrupción, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818 basada en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky. Con esto se les obstaculiza el acceso a bienes internacionales.

Según el Departamento, las acciones se han realizado en coordinación con el Reino Unido, el cual ha establecido un nuevo régimen de sanciones globales contra la corrupción. Con ello se interrumpe el acceso al sistema financiero internacional por parte de “actores corruptos y sus redes”.

Agrega que todas las propiedades e intereses en la propiedad de ambos que se encuentran en EE.UU. o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas. Asimismo, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de los bloqueados, a menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la Oficina.

Además, las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios para el beneficio de los bloqueados o el recibo de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios.

Tanto Gustavo como Felipe han sido señalados de interferir con el proceso de selección de candidatos para magistraturas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, razón por la que se amplían las sanciones decretadas en meses anteriores.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Gustavo habría facilitado pagos a diputados al Congreso de la República y jueces de la CSJ, en coordinación con Felipe, para influir en un resultado en ambos organismos a fin de asegurar la futura liberación de Gustavo de la cárcel, desestimar los cargos de corrupción en su contra, y proteger a Felipe, así como a los jueces de la CSJ, de futuros enjuiciamientos por corrupción.

Asimismo, sobre Gustavo, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, se indica que también fue señalado de recibir sobornos de un empresario como parte de una red de corrupción que involucra lavado de dinero y soborno en contratos de construcción del gobierno en Guatemala. De esto, la FECI señaló que presuntamente compró activos en Panamá y Belice en un esfuerzo por ofuscar estos fondos.

En cuanto a Felipe, presuntamente facilitó sobornos y pagos de empresas constructoras privadas para contratos de infraestructura estatal en curso o potenciales a representantes del Congreso. Esto con el objetivo de asegurar el apoyo del Legislativo a los magistrados titulares y suplentes a la Corte de Constitucionalidad, quienes podrían favorecer la inmunidad de este.

En este sentido, han sido sancionados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818, destacando que aplica a funcionarios actuales o anteriores que son responsables o cómplices o que se han involucrado directa o indirectamente en la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno.

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SANCIÓN DE FELIPE ALEJOS

Cabe destacar que, en octubre de 2020, el gobierno de EE.UU. sancionó a Felipe Alejos, prohibiéndole ingresar a dicho país por sus vínculos en casos de corrupción. En su momento, el secretario de Estado de la administración de Donald Trump, Mike Pompeo, indicó que la corrupción de Felipe como la Delia Bac “ha socavado el Estado de Derecho y la fe de la población guatemalteca en su gobierno, en las instituciones democráticas y los procesos públicos”.

APOYO CONTRA LA CORRUPCIÓN

“Cuando los funcionarios electos en Guatemala persiguen el auto enriquecimiento en sus funciones oficiales, es una afrenta a los principios democráticos en la región. Esta acción sirve para arrojar luz sobre la corrupción y promover la rendición de cuentas para aquellos que buscarían frustrar el proceso judicial.”, indicó Janet Yellen, secretaria del Tesoro.

Por su parte, en un comunicado de prensa, Antony Blinken, secretario de Estado, indica que las sanciones apoyan los esfuerzos del pueblo de Guatemala para poner fin al “flagelo de la corrupción”, como parte del compromiso del gobierno de los Estados Unidos de apoyar mejoras en la gobernabilidad en Guatemala.

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