Por María España
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El pasado miércoles, el Ministerio Público (MP) presentó una solicitud de antejuicio contra el expresidente Jimmy Morales, por parte de la Fiscalía contra la Corrupción, el cual le tomó más de mil días. No obstante, también anunció la petición de retiro de inmunidad contra la jueza Virginia de León y el diputado al Congreso de la República, Aldo Dávila, por la Fiscalía de Delitos Administrativos.
Por medio de un comunicado, la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, anunció la solicitud de antejuicio contra Morales por haber declarado “non grato” al ex titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, durante agosto de 2017.
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La Fiscalía justificó la acción contra el exmandatario indicando que pudo haber incurrido en la comisión de delitos de abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución, ya que debió resolver las diferencias o pedir la salida de CICIG siguiendo la Convención de Viena y el del Estado de Guatemala con la Organización de las Naciones Unidas sobre la creación de la Comisión. Pero, a la entidad con la gestión de Porras le tomó 1,060 días para generar la solicitud de antejuicio, mientras que para De León fueron 324 días y con Dávila 229 días.
Ante ello, analistas opinan que podría tratarse de una estrategia por parte de la Fiscal General para disminuir las críticas contra su gestión. Además, consideran que el antejuicio no procederá debido a intereses en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
ROSAL: ACCIÓN PARA “QUEDAR BIEN”
A decir de Renzo Rosal, politólogo y analista independiente, el caso por el cual se presentó la acción de antejuicio no es el “más fuerte” y carece de significado, cuando el exmandatario podría estar vinculado a casos de corrupción como el Libramiento de Chimaltenango. Señaló que dar a conocer varios casos, podría tratarse de una acción para “quedar bien”.
“Sacar el caso más endeble de Morales y al mismo tiempo sacar solicitud de antejuicio contra un diputado porque agredió verbalmente a algunos policías, me parece como la nota de la incongruencia, también como quedar bien. Es poner por unos días, por unas horas al expresidente Morales, pero para compensar también poner al activista y diputado Aldo, aunque ninguno de los dos prospere, para que no digan que no hicieron”, destacó.
Además, comentó que es poco probable que el Sistema de Justicia actúe al respecto, debido a que fue presentada la “carta más débil”, propiciando que el mecanismo de protección “pro-impunidad” vuelva a activarse y resguarde a Morales.
No obstante, el analista no descarta que también pueda tratarse de una estrategia para poner sobre la mesa los demás casos en los que está vinculado el exgobernante. “Si se trata de la estrategia de que primero vamos a ponerle este caso que es el más endeble, y poco a poco vamos a aumentarle el volumen, tendría mayor sentido. Pero me luce que lo que está pasando no tiene estrategia”, indicó.
Rosal refirió que, al no poseer estrategia, solo se levanta la atención mediática, pero sin futuro. Añadió que tendría sentido si se abre una puerta para que la justicia norteamericana también implique a Morales por temas de corrupción.
AxR: JUGARRETAS DE PORRAS
Por su lado, Álvaro Montenegro, de Alianza por Reformas, expresó que las solicitudes de antejuicio contra Morales junto a la jueza de León y el diputado Dávila pareciera ser “otra jugarreta” de la Fiscal General para mitigar la opinión pública en su contra.
“Esta acción del Ministerio Público, en momentos críticos, trata de sacar un caso para aminorar la opinión pública. Había sido muy criticado por el traslado de Campo debido a todas las investigaciones contra el actual gobierno y el anterior, entonces sacan esto, pero al mismo tiempo contra el diputado Aldo Dávila que ha sido uno de los más críticos del Presidente y de la misma Fiscal General”, puntualizó.
Expresó que la jefa del MP siempre tiene “maniobras políticas no jurídicas”, mientras no hay avance en las investigaciones contra las autoridades que reprimieron a los ciudadanos durante las manifestaciones de noviembre de 2020. “Le da más importancia a un empujón que a una estructura estatal de represión contra manifestantes pacíficos”, enfatizó.
Al igual que Rosal, Montenegro señaló que el exmandatario está involucrado en más casos, pero que no hay progreso en las investigaciones. Además, indicó que las mismas Cortes que “protegen” al actual presidente Alejandro Giammattei, Gustavo Alejos, Otto Pérez, Roxana Baldetti, entre otros, son las mismas que actúan a favor de Morales.
“Es la misma Alianza Criminal que se protege entre ellos mismos. Por eso cooptaron la CC, para proteger a todos los políticos, empresarios y acusados de corrupción”, enfatizó.
ASIES: LA JUSTICIA TARDA
Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), considera que la tardanza de la entidad en solicitar el retiro de inmunidad de Morales se debió a que era “inútil” mientras fungía como presidente, porque habría sido declarado sin lugar por el Congreso de la República.
Mencionó que, entre los factores del retraso, se encuentra el proceso de investigación y el cúmulo de casos que posee la Fiscalía encargada. “La corrupción en Guatemala es un cáncer generalizado en todos los organismos del Estado. A veces se dice que la justicia tarda, pero llega, entonces esperamos que así sea”, explicó.
Asimismo, destacó que hubo “extra-limitación” de funciones de parte del expresidente cuando declaró “non grato” al comisionado Velásquez, por lo que considera como un “sano precedente” la solicitud de retiro de inmunidad, pero que la CSJ decidirá.
“La Corte Suprema de Justicia tiene un desafío porque en otros casos ha sido sumamente rápida para dar lugar a los antejuicios. Ojalá que esa misma celeridad no sea solo cuando hay un caso con dedicatoria, sino que sea servible en todos los casos”, aseveró Linares.
