el Consejo de Abogadas y Abogados para los Derechos Civiles y Económicos (Lawyers Council) comparte una serie de consideraciones para el proceso a fin de garantizar el Estado de Derecho. Foto La Hora

Por María España
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Este año es decisivo para el país debido a que se designarán los nuevos magistrados titulares y suplentes a la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021-2026. Según la Constitución Política de la República, estos son los encargados de la defensa del orden constitucional. En tal sentido, el Consejo de Abogadas y Abogados para los Derechos Civiles y Económicos (Lawyers Council) comparte una serie de consideraciones para el proceso a fin de garantizar el Estado de Derecho.

“El enfoque sostenido de Lawyers Council en el proceso de nombramiento de las altas autoridades del sistema judicial en Guatemala deriva de la vulnerabilidad de la independencia judicial en el país y por ser una problemática regional. Un país incapaz de asegurar la protección del Estado de derecho pierde competitividad frente a otros que logran ofrecer más seguridad jurídica”, expresa.

Además, señala que, en los últimos años, la máxima Corte ha constituido un frente de resistencia hacia los ataques contra el Estado de Derecho, mencionando la suspensión del Acuerdo de Tercer País Seguro con los Estados Unidos, y de la reforma a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo.

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“El futuro de la protección del Estado de derecho y el respeto de derechos civiles y económicos en Guatemala, ha llegado a depender, en gran parte, de la preservación de una Corte de Constitucionalidad imparcial e independiente”, puntualiza.

A decir del Consejo, dicha premisa se logrará si los órganos electores “actúan con apego a la ley y toman en cuenta estándares internacionales”. Por lo que detallan las siguientes consideraciones para los seleccionadores, siendo estos los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así también la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

CONSIDERACIONES

• Conducir un proceso abierto, transparente y participativo para evitar la politización y espacios de corrupción, y permita que la comunidad jurídica y sociedad en general apoye con la evaluación de las personas candidatas

• Las decisiones políticas implican discreción, pero no arbitrariedad; los órganos políticos deben justificar y razonar sus decisiones.

• Es fundamental que la comunidad jurídica y el sector privado en Guatemala se involucren y participen en el proceso

• La evaluación de las personas candidatas debe guiarse por un perfil que privilegie la capacidad profesional y calidad íntegra.

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Por último, reitera su disposición para “apoyar los esfuerzos de vigilancia y fortalecimiento” del proceso de designación de magistrados a la CC.

AVANCE EN PROCESO DE ELECCIÓN

La Corte Suprema de Justicia fue la primera en cerrar la recepción de expedientes de candidatos que buscan integrar la CC. Además, el pasado viernes concluyó la convocatoria de tachas contra los 17 aspirantes. La elección se tiene programada para el 12 de marzo.

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Por su lado, el CANG dio por finalizada la postulación con 17 expedientes de aspirantes a magistrados el pasado 12 de febrero, mientras que el Consejo Superior Universitario cerró la recepción de tachas ayer, siendo estas 18 contra los aspirantes Gloria Porras, Juan Godínez, Delia Dávila y Omar Barrios.

En cuanto al Congreso de la República, este dará por concluida la recepción de papelería el próximo 19 de febrero.

La Presidencia de la República definirá sus designaciones en Consejo de Ministros.

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