Más de 200 periodistas se expresaron por medio de una carta. Foto: La Hora

Por María España
mespana@lahora.com.gt

Durante los últimos días, se han reportado agresiones y amenazas de muerte contra periodistas en los departamentos de Retalhuleu y Chimaltenango. Asimismo, las Auxiliaturas de la Procuraduría de los Derechos Humanos han abierto al menos 8 casos por vulneración del derecho a la libertad de prensa, así como el libre acceso a fuentes de información pública e intimidaciones por parte de autoridades en lo que va del año.

El pasado martes, 2 de febrero, el periodista Jorge Tizol informó en el medio de comunicación “Noti Retalteco” sobre la captura de Juan Pablo Castañeda por haber amenazado con un proyectil de arma de fuego a vecinos de la zona 4 de la cabecera de Retalhuleu.

Sin embargo, Tizol fue contactado por el detenido y su madre para amenazarlo de muerte. Mientras que el municipio de Parramos, Chimaltenango, empleados y agentes municipales de tránsito atacaron al periodista Nicolás López durante una cobertura de asamblea permanente del concejo y vecinos.

Presuntamente la alcaldesa Alicia Méndez envío a empleados para arremeter contra la asamblea, a lo que López intento grabar la situación, no obstante, fue agredido por los agentes municipales provocándole un hematoma.

Ante los casos, la Asociación de Periodistas de Guatemala, por medio de un comunicado expresa: “Actos como estos evidencian el clima de inseguridad que enfrentan diariamente los reporteros en los departamentos y lo vulnerables que están frente al actuar de estructuras criminales”.

Además, asegura que las coberturas de accidentes de tránsito, capturas o diligencias judiciales pueden ser riesgosas para los periodistas debido a la posible reacción violenta de los implicados.

En tal sentido, recomienda a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas que investiguen “urgentemente” las amenazas de muerte contra el comunicador Tizol “para garantizar el procesamiento de todos los responsables y gestionar ante Gobernación las medidas de seguridad adecuadas”.

A decir de la APG, la alcaldesa Méndez debe responder por el “cobarde” ataque contra el reportero López en Chimaltenango, por medio de aplicación de sanciones y destitución de cargos.

“Méndez debe evitar cualquier futura agresión, represalia o intimidación a la labor periodística por críticas a su corporación municipal, provenga directamente de su despacho o cualquier empleado municipal. Las disputas políticas o diferencias con la población de Parramos no deben ser un pretexto para atacar descaradamente a la prensa”, puntualiza.

lE RECORDAMOS: PDH manifiesta su apoyo periodistas y advierte incremento de ataques hacia ellos

MÁS CASOS CONTRA PERIODISTAS

De acuerdo con las Auxiliaturas y la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la PDH, se han registrado las siguientes denuncias:

• Marvin del Cid, del medio digital Artículo 35, fue víctima de intimidaciones por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
• Ana González Paxtor, periodista de Totonicapán, sufre restricciones para ejercer su profesión de comunicadora social y participar en una radio comunitaria.
• Carlos Ernesto Choc, de Prensa Comunitaria en El Estor, Izabal, sufrió agresiones y es víctima de descalificaciones por su trabajo de denuncia de violaciones de DD.HH. Del pueblo Q’eqchí’.
• Varios periodistas han sufrido intimidaciones tras publicar reportajes que involucran a funcionarios de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
• Periodistas de Quetzaltenango sufren restricciones de acceso a la información pública por parte del Concejo Municipal.
• Periodistas de Jutiapa sufren restricciones de acceso a las reuniones de carácter público del Gobernador Departamental.
• Autoridades locales de Santa Lucía Cotzumalguapa deciden cerrar una empresa de televisión de paga.
• A periodistas de Quiché se les restringe el acceso al Hospital de Quiché, obstaculizando su trabajo.

En tal sentido, la PDH recomienda al presidente de la República, Alejandro Giammattei, “hacer efectivo y funcional el programa de protección a periodistas y comunicadores sociales”, mientras que a los funcionarios y autoridades municipales que garanticen el acceso a la información pública.

Al menos cinco comunicadores sociales, entre periodistas, fotógrafos y camarógrafos, fueron agredidos física y verbalmente en la manifestación realizada el sábado 28 noviembre 2020. Foto: La Hora/Christian Gutiérrez

Además, solicitan al Ministerio Público (MP) “agilizar las investigaciones y la persecución penal en contra de los responsables”, con el propósito de reducir la impunidad en delitos contra periodistas, sindicalistas, defensores de DD.HH. y operadores de justicia.

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?

La Hora consultó con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia por estos pronunciamientos, sin embargo, al cierre de está nota no habían respondido.

Puede leer: MP inicia investigación por agresiones a periodistas

Mientras que la Dirección de Comunicación del MP informó que, el 12 de enero, sostuvo una reunión con la Junta Directiva de la APG para coordinar esfuerzos por medio de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas para fortalecer la persecución penal. Además, señaló que han dado seguimiento a los casos de los periodistas Jorge Tizol, Nicolás Francisco, Marvin del Cid, y de Gerber Tax.

*Nota modificada a las 16:10 horas para agregar la postura del MP

Artículo anterior2021 inicia con nueva cifra récord de remesas; US$906,804,800 en enero
Artículo siguienteRememoran 45 años del Terremoto de 1976 con Simulacro de Búsqueda y Rescate