Human Rights Watch (HRW), que es una organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, solicitó sanciones en contra varios actores guatemaltecos por acciones antidemocráticas durante y después de las elecciones generales 2023.
La organización señaló directamente a la Fiscal General, María Consuelo Porras; al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; al juez Fredy Orellana; y a la fiscal regional Cinthia Monterroso, por sus múltiples denuncias, por ser los supuestos artífices de acciones para socavar la democracia en Guatemala.
De esa cuenta, HRW solicitó a la UE que imponga urgentemente sanciones selectivas, ya sea bajo su régimen global de sanciones de derechos humanos o un régimen de sanciones ad hoc para abordar las interferencias en el proceso electoral en el país.
PETICIONES
Según una carta pública que se envió al referido organismo, se detalló: «instamos a la UE y a sus Estados miembros a imponer sanciones específicas, incluida la congelación de activos y la prohibición de viajar, contra altos funcionarios gubernamentales responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluidas, entre otras».
Además, la organización instó a tomar otras acciones para sancionar a los señalados.
Además, en el documento se lee: «en los últimos años, las autoridades guatemaltecas han socavado las salvaguardias de derechos humanos y los controles institucionales sobre el abuso de poder para evitar la rendición de cuentas por la corrupción generalizada de alto nivel. Más recientemente, han atacado el derecho al voto durante las elecciones de 2023 que ganó el candidato anticorrupción Bernardo Arévalo».
Otra de las grandes preocupaciones que muestra la carta es la criminalización que se ha hecho en contra de actores políticos, excandidatos, periodistas y activistas.
«También se ha restringido la libertad de expresión. Varios periodistas han enfrentado investigaciones penales aparentemente con motivaciones políticas, incluido Jose Rubén Zamora, editor de elPeriódico de Guatemala, quien se encuentra en prisión desde julio de 2022», enfatiza la carta.
SEÑALAMIENTOS
En la carta que HRW remitió a la UE se realizan varios señalamientos en contra de Porras, Curruchiche, Orellana y Monterroso.
En tendencia:
MARÍA CONSUELO PORRAS
«Desde que fue nombrada Fiscal General por primera vez, en 2018, la Fiscalía General ha socavado las investigaciones sobre corrupción y abusos de derechos humanos, y ha iniciado procedimientos penales arbitrarios contra periodistas, jueces, fiscales y exmiembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad, respaldada por las Naciones Unidas, en Guatemala (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG). Su oficina ha llevado a cabo investigaciones penales espurias que parecen diseñadas para intimidar a Semilla y al Tribunal Supremo Electoral y anular los resultados electorales, como se describió anteriormente. Además, el Gobierno de Estados Unidos ha sancionado a Porras por su ‘participación en corrupción significativa’ y por obstruir y socavar repetidamente las investigaciones anticorrupción», la señaló HRW.
JOSÉ RAFAEL CURRUCHICHE
«Desde que fue nombrado Fiscal Especial contra la Impunidad, en 2021, la oficina que dirige, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ha socavado investigaciones sobre corrupción y llevado a cabo casos espurios contra fiscales independientes, jueces y exmiembros de CICIG. La FECI también lideró el caso contra el periodista Jose Rubén Zamora, quien permanece en prisión bajo cargos dudosos, y solicitó una investigación por ‘obstrucción a la justicia’ contra nueve periodistas y columnistas que cubrieron el caso de Zamora y realizaron las espurias investigaciones penales contra miembros del Tribunal Supremo Electoral y Semilla descritos anteriormente. En 2022, el Gobierno de Estados Unidos incluyó a Curruchiche en la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos por ‘interrumpir casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios gubernamentales y presentar acusaciones aparentemente espurias contra fiscales de la FECI, abogados privados y ex Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. (CICIG)'», asegura la organización.
FREDY ORELLANA
«Ha dado luz verde en repetidas ocasiones a procesos penales espurios liderados por la Fiscalía General de la República. Ordenó, en julio, la suspensión del registro legal de Semilla y dio luz verde a una investigación penal contra el director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, José Ramiro Muñoz, por negarse a cumplir la orden. Orellana también envió a juicio a Jose Rubén Zamora y emitió dos órdenes de arresto contra Juan Francisco Sandoval, el muy respetado exjefe de la FECI, a quien se le ha concedido asilo en los Estados Unidos. En 2023, Estados Unidos incluyó a Orellana en la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos por ‘autorizar cargos criminales sin fundamento y motivados políticamente’, socavando las instituciones democráticas», mencionó la entidad remitente de la carta.
CINTHIA MONTERROSO
«Ha liderado investigaciones penales que atentan contra la libertad de expresión. Participó en el procesamiento aparentemente arbitrario de Jose Rubén Zamora y solicitó una investigación por ‘obstrucción a la justicia’ contra nueve periodistas y columnistas que cubrieron el caso de Zamora. También participó en el proceso penal abusivo respecto del registro legal de Semilla y en allanamientos a la sede del Tribunal Supremo Electoral. En 2023, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Monterroso en la lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos 2023 por haber ‘socavados procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivación política contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca'», enfatizó Human Rights Watch.
