El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) señala que la denuncia presentada contra la exfiscal general del Ministerio Público (MP) y directora del programa para Centroamérica y México de CEJIL, Claudia Paz y Paz, muestra un desconocimiento del derecho internacional.
El pasado miércoles se conoció que el secretario ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, Carlos Solórzano Rivera, presentó una denuncia en contra de Paz y Paz por los delitos de abuso de autoridad, tortura, usurpación de atribuciones y simulación de delito, por supuestamente haber emitido la instrucción de investigar y comenzar una persecución penal por violación de derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno en 2011.
CEJIL exige la desestimación “inmediata” de esta denuncia que aseguran no tiene fundamento y que lo único que hace es “obstaculizar la búsqueda de verdad y justicia».
Los firmantes exigieron que la sesión extraordinaria se desarrolle de manera presencial. Aquí todos los detalles: https://t.co/zYgurJ9gD8
— Diario La Hora (@lahoragt) June 10, 2022
DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO INTERNACIONAL
“A la doctora Paz y Paz se le acusa de los “delitos de abuso de autoridad, tortura y usurpación de atribuciones”, señalando que dicha instrucción encubría una supuesta persecución penal específica y colectiva contra un grupo de militares, lo que carece de cualquier fundamento”, resalta un comunicado de la CEJIL.
La organización aclara que la mencionada acusación refleja “un absoluto desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Con la emisión de la instrucción, la doctora Paz y Paz únicamente implementó las obligaciones que se derivan de los tratados de los cuales Guatemala es parte e hizo cumplir su deber para acatar las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en ejercicio del control de convencionalidad”, señala la misiva.
SEÑALAN PERSECUCIÓN
Además, destaca que esta denuncia se suma a muchas otras que forman parte de “un plan sistemático de persecución que se ha recrudecido desde 2019 y cuyo objetivo es criminalizar a aquellos operadores de justicia que han luchado para combatir la impunidad y la corrupción en Guatemala”.
Aseguran que este contexto de persecución y criminalización ha sido denunciado por organizaciones de la sociedad civil y reconocido por organismos internacionales de protección de derechos humanos, como la CIDH.
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CASO CONTRA EXMILITARES
La denuncia contra Paz y Paz señala que se realizó una “persecución penal específica y selectiva” en contra de Manuel Benedicto Lucas García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, así como Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruíz Morales y Juan Ovalle Salazar.
