El gobierno del presidente, Alejandro Giammattei sigue sin pronunciarse sobre la suspensión de un evento que organizaría en Guatemala el Consejo de las Américas el próximo 30 de marzo para el fomento de la economía. El aplazamiento sin fecha definida se dio en medio de un contexto en el cual se han registrado ataques a operadores de justicia y la aprobación de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia.
La Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas (AS/COA, por sus siglas en inglés), dio a conocer la suspensión por medio de sus redes sociales.
El evento reuniría a funcionarios del Gobierno de Guatemala, representantes del sector privado, entre otros participantes internacionales para “discutir el potencial del país para atraer inversión, avances en la recuperación económica de Guatemala en el contexto de la pandemia, así como diversos temas de interés que buscarán aportar valor y una ruta a seguir para el crecimiento de Guatemala”.
Este habría sido la segunda ocasión que se realizaría este evento en el país, el primero fue en 2018, en esta ocasión la misma fue organizada en conjunto con el Gobierno de Guatemala, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), según la página web del Consejo.
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 12, 2022
SIN RESPUESTA DE PRESIDENCIA
Se consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia su postura sobre lo sucedido, sin embargo, al cierre de esta nota no ha manifestado alguna opinión respecto a la suspensión. Únicamente se limitaron a indicar que consultarían.
Asimismo, la CIG y Fundesa no se han pronunciado al respecto.
DESALENTAR POSIBLES INVERSIONES
En la nota “Ven que suspensión de “Council of the Americas” desalentará inversiones”, publicada por La Hora este sábado, analistas consideraron que la suspensión se le puede atribuir a la crisis actual en la que está el país, por los constantes ataques y persecución contra operadores de justicia que ha iniciado el Ministerio Público dirigido por la Fiscal General, María Consuelo Porras y la aprobación del decreto 18-2022 que aumenta la penalización del aborto y criminaliza la diversidad sexual.
Además, señalaron que este tipo de situaciones desalentaría a los posibles inversores “serios” de Guatemala.
