Los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones aceptaron la recusación planteada por la directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo y ordenó retirar del caso por el que es investigada la entidad a la jueza Virginia de León porque se duda de su imparcialidad.
Por otro lado se sabe que el caso permanecerá a cargo del Juzgado Segundo Pluripersonal Penal, específicamente con la jueza “B”, Judith Camey.
La recusación fue planteada por Carrillo el pasado 19 de agosto en contra de la jueza de León, por las diligencias de allanamiento que autorizó al Ministerio Público en las instalaciones del Instituto de la Víctima.
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La Fiscalía contra la Corrupción buscaba recabar información por la presunta contratación irregular de 109 personas, las cuales habrían sido “apadrinadas” por funcionarios de los tres poderes del Estado.
Carrillo argumentó en la recusación presentada que la juzgadora externó opinión por haber autorizado el secuestro de evidencia, así como los allanamientos.
Los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones resolvieron aceptar la recusación planteada por la directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, por lo que se ordenó retirar el caso a la jueza Virginia de León bajo el argumento de que se duda de su imparcialidad. pic.twitter.com/JbIO2FRVUV
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Aún se desconoce qué magistrados de la Sala Tercera resolvieron a favor de Alejandra Carrillo.
EL CASO
El 24 de junio, la Fiscalía contra la Corrupción realizó la diligencia en la sede del Instituto para la inspección, registro y secuestro de evidencias.
En ese momento, el fiscal Eduardo Pantaleón quien se encontraba a cargo de la investigación, señaló que la pesquisa derivó de una denuncia de abril de este año, por la posible contratación anómala de 109 personas.
Entre los hallazgos se logró determinar que varios contratos del Instituto de la Víctima no se hicieron siguiendo las bases establecidas, sino por “apadrinamientos o recomendaciones de funcionarios públicos”, algunos aún ejerciendo un cargo público.
TRASLADO DE PANTALEÓN
El 9 de julio, la fiscal general, María Consuelo Porras, ordenó el traslado del fiscal Pantaleón a la Unidad Liquidadora, una fuente señaló a La Hora, que el cambio se realizó para apartarlo de la investigación en contra de Carrillo y no para resguardar su integridad como se argumentó.
Recientemente el Ministerio Público retiró la seguridad asignada por la entidad al fiscal Pantaleón.
