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Este domingo, se cumple un año de la protesta #21N cuando miles de guatemaltecos acudieron a la Plaza de la Constitución para manifestarse de forma pacífica en contra del gobierno del presidente, Alejandro Giammattei y los diputados de la Alianza Oficialista, por la aprobación del Presupuesto 2021 por un monto de Q99,700,000,000, sin discusión y de madrugada.
Sin embargo, la jornada fue empañada por un grupo de encapuchados que incendió un área del Palacio Legislativo y después por las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes irrumpieron en el plantón del Parque Central lanzando gas lacrimógeno a pesar de la presencia de ancianos, jóvenes y niños.
Los agentes también capturaron a varios de los manifestantes haciendo uso de la fuerza, reportándose heridos, intoxicados, periodistas golpeados y dos personas que perdieron alguno de sus ojos a consecuencia de los incidentes.
El Ministerio Público (MP), informó a La Hora que seis Fiscalías investigan el caso, pero que se encuentra bajo reserva. La entidad agregó que han identificado a otras personas que participaron en los disturbios y que se estará procediendo contra ellas en su debido momento.
Hace un año, Gendri nos gaseaba y vapuleaba en el centro histórico. Un año después, nada pasó. Consuelo Porras lo protege todos los días.
— Álvaro Montenegro (@coromboncote) November 21, 2021
USO EXCESIVO DE LA FUERZA
Esa tarde y noche, los agentes policiales golpearon a varios de los participantes y lanzaron alrededor de 300 bombas lacrimógenas; las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 30 personas. La mayoría recuperó su libertad en los días posteriores por falta de mérito.
A PESAR DE TODO, GENDRI REYES SIGUE EN EL CARGO
Por estos hechos se presentaron más de 50 denuncias ante el MP en contra del ministro de Gobernación Gendri Reyes, además de que varias organizaciones sociales solicitaran su renuncia o remoción al presidente, Alejandro Giammattei; un año después el funcionario se mantiene en el cargo.
Debido al uso de la fuerza por parte de agentes de la PNC, diputados de la bancada Movimiento Semilla solicitaron la interpelación de Reyes, pero el Oficialismo no validó el voto de falta de confianza para su destitución cuando culminó el juicio político.
QUEMA DEL CONGRESO
Durante esa jornada, también se registró la quema de un área del edificio central del Congreso de la República por personas encapuchadas quienes rompiendo las ventanas de la edificación y empujando la puerta principal entraron por la fuerza a las instalaciones. Ahí prendieron en llamas la Dirección Legislativa y el Salón del Pueblo.
Por parte de los manifestantes se manejó la hipótesis de que eran personas infiltradas por la facilidad con la que ingresaron al inmueble.
Incluso surgieron cuestionamientos por la inacción de los antimotines que permanecían en el parqueo del Congreso y la presencia de extintores, así como otros elementos listos para apagar el fuego. Por este hecho, no se conocen capturas.
LO QUE SE SABE DE LAS INVESTIGACIONES DEL MP
Después de que se diera a conocer que el MP investigaría el caso, el mismo fue declarado bajo reserva por lo que poco se sabe del avance que ha tenido al respecto.
Información y Prensa de la entidad indicó este domingo a La Hora que seis Fiscalías están a cargo del expediente por medio de un equipo multidisciplinario conformado por:
-Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas
-Fiscalía de Distrito Metropolitano
-Fiscalía de Delitos contra Periodistas
-Fiscalía contra el Delito de Extorsión
-Fiscalía de Delitos Administrativos
-Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural
La entidad agregó que se han identificado a más personas que participaron en los disturbios de las protestas ocurridas ese día y que estarán procediendo en su contra en el momento oportuno.
Además, el MP mencionó que hay una persona ligada a proceso penal por la supuesta comisión de los delitos de incendio agravado y atentado en contra de la seguridad de servicios de utilidad pública. El inicio del debate estaría programado para abril de 2022.
Por último, reportó una sentencia condenatoria de ocho años, seis por incendio agravado y dos por atentado en contra de otra persona, pero en ambas situaciones la institución no proporcionó quiénes eran los sindicados.
