La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones rechazó un amparo requerido por la Fundación contra el Terrorismo (FCT), por medio del cual esa organización buscaba ser reincorporada como querellante adhesivo en el juicio contra Mynor Lobos por el caso de la compra, presuntamente anómala, de un edificio ubicado en zona 5 donde funcionaría una sede del Ministerio Público.
Además, la judicatura impuso una multa de Q1 mil al abogado Raúl Falla por ser el responsable del planteamiento de la acción.
La FCT no se presentó al inicio del debate contra Lobos el pasado 1 de septiembre, a pesar de que el órgano jurisdiccional hizo la convocatoria y dio un tiempo prudencial para que asistiera a la judicatura, por lo que la organización fue separada del proceso.
#AHORALH
La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones resolvió rechazar el amparo presentado por la Fundación contra el Terrorismo con la cual buscaban ser reincorporados como querellantes adhesivos al proceso del juicio en el caso del edificio de la zona 5. pic.twitter.com/bG0V9dRtvc— Diario La Hora (@lahoragt) October 7, 2021
PENDIENTE RECUSACIÓN DE JUEZ
Por el momento se encuentra pendiente de resolver una recusación planteada contra el juez del Tribunal Séptimo, Sergio Vega, luego de que el juzgador decretara el abandono por parte de FCT al no presentarse a la diligencia.
EL CASO
De acuerdo con la investigación realizada por la Unidad de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP), detectaron irregularidades en la compra de un edificio en la zona 5 que serviría como sede del MP y el cual tendría un costo de Q35 millones.
La compra del inmueble se hizo a pesar de que no se cumplía con los requisitos de la Ley de Compras y que no se presupuestó en el Plan Anual de Compras de la Fiscalía, ni hubo una requisición dentro de la institución antes de llevar a cabo la negociación, aseguró en su momento el MP.
La negociación se hizo por medio de la entidad comercial Invermo Corp., la cual no está registrada, y estaba representada por William Balz Gallardo, por lo que la entidad Beltram, S.A. a cargo de la venta del edificio, fue utilizada como un medio anómalo para negociar el edificio, cuyo representante legal era Mynor Lobos Agustín, agregó el MP.
El año pasado, la fiscal general, María Consuelo Porras, declaró lesivo el contrato de compraventa suscrito con la empresa Bertram, S.A., en octubre de 2017, con el cual se adquirió el edificio durante la gestión de la exfiscal Thelma Aldana.
