El Régimen Disciplinario del Organismo Judicial (OJ) ordenó archivar las denuncias que en su momento planteó la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán en contra de la auxiliar de Supervisión de Tribunales, Luz Gabriela Manzo González.
Las denuncias eran porque Manzo González pudo haber sustraído, extraviado e implantado pruebas contra la juzgadora durante una investigación.
En la resolución emitida, también se consignó que ya no se continuará con las sanciones administrativas que habían iniciado contra la auxiliar Luz Manzo en febrero.
El Régimen Disciplinario declaró con lugar la prescripción de los hechos denunciados contra Luz Manzo González, por lo que ordenó archivar la denuncia presentada por Aifán, bajo el argumento de que la falta administrativa debió reportarse en un plazo no mayor de tres meses.
FUE SANCIONADA EN FEBRERO
El 12 de febrero pasado, el Régimen Disciplinario del OJ había resuelto sancionar por medio de una amonestación escrita a la supervisora de Tribunales, Luz Gabriela Manzo González, “por cometer una falta leve”, al recomendar y dar trámite a una denuncia contra Aifán.
El Régimen determinó por medio de una auditoría que Manzo González no había actuado con transparencia en una investigación iniciada contra la jueza Aifán, por una denuncia presentada por la fiscal, Cinthia Monterroso dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud.
En ese momento se recomendó iniciar con una pesquisa interna, ya que Manzo González podría haber sustraído, extraviado e implantado pruebas contra la jueza Erika Aifán.
En la auditoría se observó una falta administrativa de negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo establecido en la ley, al recomendar darle trámite a la audiencia presentada en contra de la jueza Aifán, sin haber escuchado los audios que la juzgadora adjuntó en un informe.
AIFÁN DENUNCIA AL ESTADO POR AMENAZAS A SU INDEPENDENCIA Y SEGURIDAD
El 7 de septiembre, la jueza Aifán demandó al Estado de Guatemala en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en el país.
Por medio de King & Spalding y el Vance Center se presentó “una petición de fondo” en nombre de la togada, en la cual hacen un recuento de las acciones que han planteado en contra de la togada como un antejuicio promovido por el exjuez, Mynor Moto, para que le retiren la inmunidad.
