La directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo recusó a la jueza Segunda Penal, Virginia de León, por las diligencias de allanamiento que autorizó en la institución que dirige al fiscal auxiliar, Eduardo Pantaleón, cuando era parte de la Fiscalía contra la Corrupción.
El funcionario del Ministerio Público buscaba recabar información por la presunta contratación irregular de 109 personas, las cuales habrían sido “apadrinadas” por funcionarios de los tres poderes del Estado.
Carrillo argumenta que la juzgadora había externado opinión por haber autorizado el secuestro de evidencia, así como los allanamientos.
Otro punto reclamado por la directora del Instituto es la cantidad de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que participaron en las diligencias realizadas en junio, cuando las pesquisas se encontraban a cargo de Pantaleón.
ANTECEDENTES
El 24 de junio pasado, la Fiscalía contra la Corrupción realizó la diligencia en la sede del Instituto para la inspección, registro y secuestro de evidencias.
En ese momento, el fiscal Eduardo Pantaleón quien se encontraba a cargo de la investigación señaló que la misma se había derivado por una denuncia que se presentó en abril de este año, por la posible contratación anómala de 109 personas.
Entre los hallazgos se logró determinar que el personal no se eligió por medio de las bases establecidas de contratación, sino por “apadrinamientos o recomendaciones de funcionarios públicos”.
Por medio de las pesquisas se logró establecer que los funcionarios que habrían hecho la “recomendación o apadrinamiento”, aún ejercen un cargo público, en cuanto a las personas que están vinculadas a la investigación pertenecen a los tres poderes del Estado.
Las contrataciones irregulares del Instituto de la Víctima fueron para ocupar puestos de abogados, auxiliares, trabajadores sociales, médicos y psicólogos.
TRASLADO DE PANTALEÓN
El 9 de julio, la fiscal general, María Consuelo Porras, ordenó el traslado del fiscal Pantaleón a la Unidad Liquidadora, una fuente señaló a La Hora, que el cambio se realizó para apartarlo de la investigación en contra de Carrillo y no para resguardar su integridad como se argumentó.
Esto cuando se realizaron las diligencias durante junio pasado, y se diera a conocer el caso de la contratación irregular de más de cien personas en la institución.
— Diario La Hora (@lahoragt) August 19, 2021
