Un grupo de empresarios rusos visitaron Guatemala porque están interesados en la construcción de una terminal y la operación de un muelle en las instalaciones de la Portuaria Santo Tomás de Castilla para sus productos, reportó el 7 de agosto el medio Con Criterio, el cual agregó que ellos proponen un contrato de US$15 millones para la inversión y alquiler de un área durante 30 años.
Sin embargo, según analistas, en estos acercamientos y cualquier contrato que pudiera concretarse debe privar la transparencia, derivado del antecedente de la negociación que en su momento realizó el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti, entre la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal.
Esto considerando que se hizo sin publicidad, ni licitaciones públicas y con los años, específicamente 2016, el Ministerio Público y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), develaron que conllevó el pago de coimas.
Según Con Criterio, la interesada en este proyecto es la empresa MayaNíquel, de capital ruso y que ya opera en el país.
En una comunicación enviada por ellos a ese medio, niegan que personeros de la compañía se reunieran o entregaran dinero al presidente, Alejandro Giammattei, un hecho que investigaba la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
El 23 de julio, Juan Francisco Sandoval, tras ser destituido por la fiscal general, María Consuelo Porras, dio a conocer que indagaban sobre una reunión en la residencia de Giammattei en la que participaron ciudadanos rusos; en entrevistas posteriores ha mencionado que podría haberse dado una entrega de dinero.
AC: PODRÍA SER UN CASO DE MEGACORRUPCIÓN
Según indicó Edie Cux, representante legal de Acción Ciudadana, una negociación de este tipo se asemeja a lo ocurrido en 2012 con TCQ y agregó que el tema de las aduanas “siempre ha sido un tema muy sensible y se podría estar hablando de un posible caso de megacorrupción”.
Para Cux cobran relevancia las declaraciones de Juan Francisco Sandoval, quien ha indicado que la fiscal general, María Consuelo Porras, ha entorpecido procesos que podrían vincular al presidente Alejandro Giammattei.
Además, comentó que lo documentado por medios de comunicación da un contexto de que “el gobierno de turno no deja espacio suelto para la corrupción y por eso ahonda más en la crisis en la que está inmerso, la forma en cómo se negoció el ceder estos puertos a personas extranjeras”.
ORTIZ: DEBEN CUMPLIRSE PROCESOS
Por su parte, Edgar Ortiz, director del Área Jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, señaló que se debe revisar la forma legal y los términos bajo los cuales se firmará el contrato, ya que es legítimo que el gobierno busque fondos privados para desarrollar actividad portuaria.
No obstante, recordó el precedente de TCQ entre 2012 y 2013, “se hizo como un contrato privado, como un usufructo y aquí se está planteando un arrendamiento que es muy parecido al tema de TCQ”, advirtió.
Para el abogado corresponde, “hacer una concesión, lo cual requiere que se haga una licitación pública y transparente en donde participen todos los interesados, no se trata de una negociación uno a uno”, puntualizó, remarcando que no es viable y no está bien incumplir los procesos establecidos.
Ortiz reiteró que la negociación no debe hacerse entre el Gobierno de Guatemala y Rusia, sino de forma abierta, lo cual requiere una licitación pública y la aprobación del Congreso, por medio de un proceso competitivo, transparente y nunca directo con los interesados.
El analista explicó que, si bien se debe ponerse atención a los señalamientos del exfiscal Sandoval, sobre la visita realizada por los rusos a la casa de Giammattei, hasta que no existan pruebas contundentes, únicamente sería la palabra de él.
CIEN Y ASÍES SIN RESPONDER
La Hora trató de obtener una opinión del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), sin embargo, no respondieron a los requerimientos realizados al cierre de esta nota.
¿QUÉ DICE EL MP?
También se consultó al Ministerio Público (MP) cómo avanzan las investigaciones en torno a los señalamientos realizados por el extitular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, sobre la reunión del mandatario con ciudadanos rusos, así como los documentos que publicó recientemente Con Criterio.
El Departamento de Información y Prensa del MP respondió que el exfiscal nunca informó oficialmente a la Fiscal General al respecto y que será hasta que el nuevo fiscal de sección haga la revisión correspondiente, que se pueda establecer si se abrió una investigación.
“A pesar de las instrucciones giradas y de ser obligación legal, el exfiscal se negó a llevar registro de los expedientes en el Sistema Informático del MP (SICOMP), sistema que por obligación legal se debe utilizar y actualizar en cada fiscalía, esto en búsqueda de la legalidad y transparencia de las actuaciones fiscales, por lo que será mediante la revisión de las mesas de trabajo que se encuentra realizando el actual Fiscal de Sección de la FECI que se podrá establecer si se inició alguna investigación al respecto, ya que fue hasta las declaraciones que el exfiscal brindó a la prensa que se tuvo conocimiento de tal situación”, aseguró.
FISCAL CURRUCHICHE INDICA QUE AÚN NO CONOCE LOS EXPEDIENTES
La Hora también consultó al nuevo titular de la FECI, Rafael Curruchiche, si se había iniciado una investigación sobre la posible reunión de Giammattei con ciudadanos rusos, sin embargo, el fiscal indicó que por el momento no puede emitir opinión, ya que como su nombramiento se realizó el pasado martes y por la entrega de actas del cargo, hasta este lunes empezó a conocer los expedientes de investigación que tendrá a su cargo.
