La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la resolución del juez Décimo Penal, Víctor Cruz quien, en noviembre de 2019, anuló la prueba presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), sobre varios diputados del extinto Partido Patriota (PP), quienes habrían recibido sobornos para la aprobación de leyes bajo directrices de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, todo dentro del caso Subordinación de Poderes.
La CC declaró sin lugar los recursos de apelación que había planteado el Ministerio Público contra la resolución de Cruz.
El titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, comentó que la CC al resolver indicó que no advierten la existencia de los agravios que la Fiscalía denunció
Luego del fallo dictado por el pleno de magistrados de CC, dentro del proceso, no podrán utilizarse las declaraciones en anticipo de prueba que fueron incorporadas por la Fiscalía, que están relacionadas con el pago de sobornos a diputados para la aprobación de determinadas leyes en el Congreso de la República.
Según los indicios presentados por la Fiscalía estas coimas habrían sido otorgadas por parte de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
La resolución tiene los votos a favor de los magistrados: Roberto Molina Barreto, Néster Vásquez Pimentel, Leyla Lemus, Dina Ochoa y Rony López.
LO ARGUMENTADO POR LA CC
En el fallo dictado por el pleno de los magistrados de la CC, argumentó falta de conexidad en el recurso que fue presentado por la FECI, en torno a la resolución del juez Décimo Penal Víctor Cruz.
“Al efectuar el análisis legal correspondiente, esta Corte aprecia que concurre falta de conexidad en el presente planteamiento del amparo, pues se advierte que los agravios denunciados no derivan directamente de la resolución que fue señalada expresamente como el acto reclamado, pues esta se refiere a la decisión de rechazar el recurso de reposición que el ahora postulante interpuso”, indica la resolución.
ENTREGA DE SOBORNOS
La FECI argumentó que la ex vicemandataria entregaba a cada uno de los congresistas al menos Q50 mil en efectivo dentro de un maletín cada dos meses, con el fin de que aprobarán ciertas leyes a favor de ese gobierno.
En este contexto, el juez Cruz dejó sin efecto todas las resoluciones emitidas, tanto por el Juzgado Décimo de Instancia Penal, como las del Juzgado Noveno de Instancia Penal que está a cargo de la jueza Silvia Morales.
En este sentido, todas las acciones legales emprendidas en el proceso penal quedaron sin validez, en un expediente judicial que no tuvo ninguna persona procesada y que hasta el momento se encuentra estancado por varios recursos. La Fiscalía mencionó que la empresa Tigo se habría beneficiado con la aprobación de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos, extremo que la entidad ha negado argumentando que no solo ellos hicieron uso de las herramientas que proveía la ley.
