El juez resolvió ligar a proceso a Ingry Lorena Leja García y Matilde Bajan Balan. Foto: La Hora/Lourdes Arana

El juez Sexto Penal Israel Zelada resolvió ligar a proceso a Ingry Lorena Leja García y Matilde Bajan Balan, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica con agravación electoral, dentro del caso Política y Falsedad.

La decisión del juzgador se basó en las pruebas presentadas por la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público, por la utilización de datos falsos en el acta de constitución del partido Ambientalista Guatemalteco (AGUA).

Por este delito, el juez Zelada ligó a proceso penal el pasado 10 de junio al exjefe de Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Juan Francisco Solorzano Foppa, Aníbal Antonio Argüello Mayen exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), junto con José Miguel Quintanilla, Roberto Cáceres y Giovanni Faggioli.


Asimismo, Zelada consideró decretar falta de mérito por los delitos de conspiración para cometer asociación ilícita y asociación ilícita, debido a que no existía ninguna acción relevante que pudiera asumirse como ese delito.

“No hay medios de investigación en los que surgiera la existencia de una organización criminal como tal, que se concretara con el objeto de cometer los delitos”, señaló el juez en su resolución.

MEDIDAS SUSTITUTIVAS

A todos los implicados dentro del proceso penal, les fueron otorgadas medidas sustitutivas las cuales quedaron establecidas de la siguiente manera:

– Libertad con prisión domiciliar
– Prohibición para salir del país sin autorización del juez
– Prohibición de contactarse con autoridades del TSE
– Prohibición de comunicarse con los cien testigos que citó el MP
– No les fijaron caución económica.


El inicio de la etapa intermedia del caso se fijó para el próximo 29 de noviembre luego de que se fijaran cinco meses para la investigación.

ANTECEDENTES

La Fiscalía de Delitos Electorales detalló que Juan Francisco Solórzano Foppa, Aníbal Antonio Argüello Mayen, así como el abogado y notario, Carlos Ramiro Cárdenas, junto con 12 personas más, habrían cometido el delito de falsedad ideológica con agravación electoral, porque se “insertaron hechos y actos falsos en el acta notarial para la constitución del Partido Político Ambientalista Guatemalteco”.

La Fiscalía indicó que se habían ingresado datos falsos de personas que no sabían leer y escribir y de una persona que falleció en octubre de 2018, agregó que en este último caso aparecía la firma dentro del acta, lo cual calificó como ilegal.


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