La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y Centro Civitas denunciaron la limitación que sufrieron los periodistas Edwin Bercián de Emisoras Unidas y Publinews, y Rolanda García, corresponsal de Telesur, para ingresar al Centro Médico Militar a cubrir la audiencia de primera declaración de más personas vinculadas al caso Diario Militar.
De acuerdo con el comunicado de APG, ayer se realizó la audiencia de primera declaración de tres personas por el Juzgado de Mayor Riesgo B. Destaca que inicialmente las autoridades militares no estaban dispuestos a permitir el acceso, pero el juez Miguel Ángel Gálvez lo autorizó por medio de un listado.
Sobre el caso de Bercián, señala que los encargados no lo dejaron ingresar debido a que no se encontraba en el listado. El periodista argumentó que había proporcionado sus datos, sin embargo, no le dieron acceso a la audiencia. La APG destaca que posteriormente, un elemento del Ejército de manera “autoritaria” cuestionó su presencia en el lugar y su ideología política.
Mientras que, en el caso de García, ella justificó que no pudo llegar al inicio de la audiencia para anotarse en el listado, no obstante, no recibió respuesta positiva.
“El Centro Médico Militar no es un hospital privado sino una institución manejada con fondos públicos, por lo que el ejército no puede vedar el ingreso de los periodistas ni arbitrariamente decidir qué reporteros sí pueden acceder a esas instalaciones. Las acciones del ejército este día buscaban únicamente proteger a parte de sus elementos en situación de retiro vinculados con desapariciones forzadas y delitos contra la humanidad”, expresaron.
CENTRO CIVITAS EXHORTA A INVESTIGACIÓN
Por su parte, Centro Civitas indica, por medio de un comunicado, que en 2020 y 2021 han surgido denuncias de periodistas sobre negativas de varias fuentes estatales en el acceso a la información pública.
Sobre el caso Diario Militar, menciona que es claro que no se cuenta con un mecanismo “claro y transparente”, por lo que se ha generado “opacidad y discrecionalidad en la toma de decisiones”, violando leyes internas e internacionales sobre libertad de expresión.
“Por lo tanto, solicitamos la investigación e intervención del Procurador de los Derechos Humanos a fin de que se brinden garantías a la prensa de libre acceso a las audiencias de este caso tan importante para la sociedad guatemalteca”, asegura.
Asimismo, solicitan a las instancias nacionales e internacionales una investigación “profunda” a fin de deducir responsabilidades ante la negativa que recibieron los dos periodistas.
PDH CONDENA OBSTRUCCIÓN
En ese sentido, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, condenó la obstrucción del libre acceso a la fuente y a la información que sufrieron los periodistas.
Por lo que, recomienda a la oficina de Relaciones Públicas del Organismo Judicial que garantice acceso a medios de comunicación a las audiencias judiciales públicas de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Mientras que a las autoridades del Centro Médico Militar insta a “respetar y garantizar el derecho a la libertad de prensa, acceso a la información y libertad de expresión”.
Por último, solicita una investigación de oficio al Ministerio Público sobre las denuncias reiteradas por parte de periodistas y comunicadores sociales sobre limitación al acceso a la información, a fin de “conducir a todos los responsables a los tribunales de justicia”.
EJÉRCITO: “NO SE ENCONTRABA EN LISTADO”
La Hora consultó a Comunicación Social del Ministerio de la Defensa su postura sobre lo ocurrido con ambos periodistas, a lo que respondió: “Originalmente no se contempló el ingreso de medios, y no fue sino hasta que del juzgado encargado de la audiencia pasó un listado, que se permitió”.
Señaló que el periodista Bercián “no se encontraba en los listados ni fue incluido en los otros que fueron pasando después” por orden del juez Gálvez.
“Desconozco la certeza de lo que dice el periodista Bercián”, aseguró.
SOBRE LA AUDIENCIA
La audiencia de primera declaración fue contra el exministro de la Defensa, Marco Antonio González Taracena, Víctor Augusto Vásquez Echeverría y Gustavo Adolfo Oliva Blanco. La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) imputó los delitos contra deberes de la humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa.
