Por Lourdes Arana
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En un comunicado, la Fiscal General, María Consuelo Porras, confirmó la solicitud de antejuicio presentada por la Fiscalía contra la Corrupción en contra del expresidente Jimmy Morales, por la declaratoria de non grato al extitular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez en 2017. Sin embargo, en esa comunicación añadió que la Fiscalía de Delitos Administrativos requirió el retiro de inmunidad a una jueza y al diputado Aldo Dávila por casos distintos.
ANTEJUICIO CONTRA DÁVILA FUE PRESENTADO POR “AGREDIR” A PNC
La Fiscalía de Delitos Administrativos del MP pidió el retiro de inmunidad del diputado Aldo Iván Dávila Morales, por presuntamente haber agredido el 4 de septiembre de 2020 a un agente de la Policía Nacional Civil durante una manifestación.
“La conducta del funcionario denunciado podría encuadrarse en la comisión del delito de abuso de autoridad, porque valiéndose de su cargo como diputado y abusando de su cargo, realizó actos arbitrarios en contra de un empleado público, haciendo uso abusivo de las atribuciones públicas que posee, al empujar y proferir palabras de discriminación en contra de un agente de la PNC”, comentó.
La fiscal general María Consuelo Porras se pronunció por medio de un comunicado acerca del antejuicio presentado contra el expresidente Jimmy Morales. pic.twitter.com/kIPw046w7E
— Diario La Hora (@lahoragt) April 21, 2021
En el comunicado no se indica quién denunció lo sucedido.
ANTEJUICIO CONTRA JUEZA DE LEÓN
Mientras que la solicitud de retiro de inmunidad en contra de la jueza Segunda Penal, Virginia Amparo de León, se deriva de un amparo otorgado por la juzgadora el 1 de junio de 2020, en contra del jefe y encargado del Departamento de Análisis de Riesgo de la División de Protección de Personas y Seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC), en donde se autorizó la entrega de armamento y chalecos antibalas a personas particulares, según el argumento de la Fiscalía de Delitos Administrativos.
El MP aseguró que la jueza no realizó un análisis de riesgo antes de otorgar el amparo, incurriendo de esta manera en el posible delito de resoluciones violatorias a la Constitución.
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