El juzgado de Mayor Riesgo “D” a cargo de la jueza Erika Aifán escuchó los argumentos de los abogados defensores de los seis implicados en el caso Comisiones Paralelas 2020. Foto: Lourdes Arana/La Hora

Por Lourdes Arana
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El juzgado de Mayor Riesgo “D” a cargo de la jueza Erika Aifán escuchó los argumentos de los abogados defensores de los seis implicados en el caso Comisiones Paralelas 2020, entre ellos Estuardo Gálvez y Murphy Paiz, quienes requirieron no tomar en cuenta las declaraciones que el exsecretario de la Presidencia, Gustavo Alejos ha dado en este proceso judicial en donde es el principal sospechoso.

Además, entre los abogados defensores que expusieron en la diligencia, se dio la objeción de Óscar Poroj, representante de Juan Salvador Soto Hernández, quien argumentó que se violó la cadena de custodia porque uno de los dos indicios de la carpeta 11, documentos relacionados a Alejos ubicados en la cárcel Mariscal Zavala y en el sanatorio de la zona 2, no se encuentran a la vista, según él, por lo que solicitó que no sea utilizado en la acusación en contra de su defendido.

La argumentación de la defensa de Soto Hernández ocupó varias horas de la audiencia, por lo que la jueza de Mayor Riesgo “D”, Ericka Aifán no resolvió si los implicados deben ser ligados o no a proceso penal.

Por este motivo, la diligencia fue aplazada para el próximo 12 de abril a las 10:30 de la mañana para que finalice los argumentos la defensa y así la jueza Aifán pueda tomar una decisión sobre la situación legal de los señalados.

EL CASO

El pasado 26 de febrero, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) develó otra parte del caso Comisiones Paralelas 2020, en donde se evidenció la manipulación de la elección de las nóminas de aspirantes desde las Comisiones de Postulación para Salas de Apelaciones.

En ese sentido, el titular de la FECI Juan Francisco Sandoval, dio a conocer que los comisionados habrían negociado dicha elección con Gustavo Alejos en febrero del año pasado, cuando este se encontraba recluido en un centro asistencial de la zona 2.

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Entre las pruebas proporcionadas por la Fiscalía para soportar dichas acusaciones, se encuentran documentos en donde se detalla cómo cada comisionado tenía previsto elegir a determinadas personas para integrar la nómina final que fue presentada al Congreso de la República. Según indicó Sandoval, esta elección respondía intereses específicos por parte de los implicados.

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