Por Lourdes Arana
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La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) informó este jueves que debido a un evento de licitación y adjudicación posiblemente fraudulenta de la construcción de un edificio en la sede de la Universidad de San Carlos (USAC) en Quetzaltenango, solicitó orden de captura en contra de seis personas, entre ellas, el exrector, Estuardo Gálvez, sin embargo, el juzgado a cargo de las diligencias no accedió a la petición y en su lugar citó a los presuntos involucrados.
El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación, resolvió ordenar la citación a primera declaración indagatoria de los funcionarios y exfuncionarios de la USAC.
El MP informó que la Fiscalía contra la Corrupción había requerido órdenes de captura por un caso vinculado a la Universidad de San Carlos, sin embargo, el juzgado a cargo citó a los presuntos involucrados, entre ellos, Estuardo Gálvez, exrector de la USAC. pic.twitter.com/VJrXQH7bfA
— Diario La Hora (@lahoragt) March 11, 2021
La Fiscalía consideró que existen indicios suficientes para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de:
1. Carlos Estuardo Gálvez Barrios, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude
2. Henry Manuel Arriaga Contreras, por el delito de fraude.
3. Rolando Grajeda Tobar por el delito de fraude.
4. Álvaro Amílcar Folgar Portillo, por el delito de fraude.
5. Manfredo Chavarría Linares, por el delito de fraude.
6. Rafael Ángel Diaz Fion, gerente de proyectos y representante legal de la Constructora de Obras Civiles, Sociedad Anónima (COCISA), ante su presunta participación en el delito de fraude.
Estuardo Gálvez también es señalado en el caso Comisiones Paralelas 2020, a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en el cual el principal sospechoso es Gustavo Alejos, quien habría intentado influir en la elección de Cortes.
ADJUDICACIÓN FRAUDULENTA DE LA OBRA
Según la investigación del MP, las personas señaladas, habrían intervenido dentro del evento de licitación correspondiente al proyecto denominado: “construcción de un edificio para clínicas laboratorios y aulas puras, para las escuelas de medicina y odontología del Centro Universitario de Occidente (CUNOC) en la ciudad de Quetzaltenango USAC”.
Además, los señalan de usar artificios para defraudar al Estado, al “haber adjudicado de forma fraudulenta la construcción de la obra pública a la entidad mercantil denominada Compañía Constructora de Obras Civiles, Sociedad Anónima (COCISA), por un valor de Q.64,120,730.37 incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA); lo anterior, pese a que la propuesta presentada por dicha compañía constructora, debió ser inmediatamente rechazada sin responsabilidad de parte de la junta de licitación, en atención a la existencia de evidentes errores aritméticos en la oferta entregada, específicamente en la «Integración de Precios en el Programa Cronológico de Inversión y Ejecución, así como en sus respectivos anexos”, informó el MP en un comunicado.
ILEGALIDADES Y ACTOS FRAUDULENTOS
Según la Fiscalía contra la Corrupción, en la adjudicación del evento se cometieron las siguientes ilegalidades:
– No fueron aprobadas las bases de licitación por parte del Consejo Superior Universitario (CSU), ni tampoco por parte del rector, en ese momento, Carlos Estuardo Gálvez.
– Los integrantes de la Junta de Licitación Pública Nacional fueron seleccionados y designados entre personas allegadas a Gálvez.
– La Junta de Licitación adjudicó el evento a COCISA, a pesar de que la oferta presentada contenía «errores aritméticos y las bases de licitación definitivas publicadas en el portal de Guatecompras que prohíben expresamente la realización de correcciones matemáticas”, estableciendo que tal situación constituía motivo de descalificación inmediata.
– La Junta de Licitación favoreció a COCISA concediéndole la oportunidad de continuar dentro de la licitación pública, pese a que en su momento su oferta debió ser descalificada ante el incumplimiento de requisitos fundamentales.
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– A través de las correcciones aritméticas complacientes realizadas por la propia Junta de Licitación a la oferta de COCISA, la compañía constructora alteró sustancialmente su propuesta, mejorándola en relación con la que fue presentada por la otra entidad participante y que fue descalificada Carlos Estuardo Gálvez Barrios, omitió someter a la consideración del CSU, la aprobación de las bases de la licitación.
– El requerimiento de la ejecución del proyecto, se realizó con fechas posteriores a la materialización de diversas gestiones administrativas relacionadas al evento.
– El proyecto se adjudicó a pesar de la inexistencia de estudios técnicos y del estudio de impacto ambiental respectivo.
– La orden de compra relacionada con el pago del Anticipo, se generó meses antes de suscribirse el Contrato de Obra respectivo.
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– El contrato de obra, se suscribió y fue aprobado por un funcionario público no autorizado de conformidad con la Ley.
– La Universidad de San Carlos de Guatemala, entregó a COCISA la suma de Q.11,450,190.42. sin que la referida entidad mercantil realizara los trabajos programados mientras estuvo vigente la relación contractual, ocasionándole un grave perjuicio al Patrimonio Público.
– El proyecto fue suspendido en definitiva por parte del CSU en 2015, ante la recomendación emitida por parte de la Contraloría General de Cuentas, sin que, hasta la presente fecha, la USAC haya recuperado el monto del anticipo entregado a COCISA.
SECRETARIO DEL TSE INVOLUCRADO ADJUDICACIÓN DE LA OBRA
Según los indicios presentados por el MP, otra de las personas que integraron la Junta de Licitación Pública Nacional, fue Mario Alexander Velázquez Pérez, quien es el actual Secretario General del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien goza del derecho de antejuicio, de conformidad con el contenido del artículo 143 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por lo que “oportunamente se promoverán las diligencias correspondientes de conformidad con la Ley en Materia de Antejuicio”, indicó la Fiscalía.
