Una aeronave vinculada a la exvicepresidenta Roxana Baldetti fue incautada e inmovilizada por el MP y PNC. Foto: La Hora

Por Lourdes Arana
lcarana@lahora.com.gt

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en audiencia de primera declaración de otra fase del caso Cooptación del Estado, imputará delitos a cinco personas citadas, quienes supuestamente participaron en el pago de un soborno de un USD$1 millón de dólares a Roxana Baldetti por el reaseguro del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Los señalados en esta fase del caso son: Raúl Eduardo Castillo Castillo, José Francisco Chang Meneses, Luis Gustavo Montoya García, Oscar Ludwing Osorio Ovalle y Josué Isaac Rivera Aldana.

La diligencia estará a cargo del juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez.

Según declaraciones en anticipo de prueba de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidencia en el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, Raúl Eduardo Castillo Castillo le ofreció USD$1 millón a cambio de una autorización para el pago de la póliza del seguro del Aeropuerto Internacional La Aurora. Además, le prometió que el reaseguro le condonaría una deuda que tenía el aeropuerto por USD$1.1 millones.

Después del acuerdo, Monzón logró que el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda trasladara el dinero para pagar el seguro y se canceló la póliza de US$36 millones.

Posteriormente, luego de un mes de haber realizado la transacción, Castillo se contactó de nuevo con Juan Carlos Monzón para entregarle la comisión prometida en efectivo. Este recibió el dinero en una maleta y nunca lo contó, por lo que no se dio cuenta que hacían falta USD$9 mil 800, pero nunca lo reclamó a Castillo.

El dinero de la comisión debía ser repartido entre varias personas, según la FECI, pero Baldetti ordenó que se utilizara para la compra de un edificio donde se ubicaría la sede del Partido Patriota (PP).

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COMPRA DEL EDIFICIO

La exvicepresidenta Roxana Baldetti se interesó en comprar el edificio de Valser ubicado en la zona 9.

El abogado Francisco García Gudiel fue el contacto entre Monzón y la dueña del inmueble, Lilian de Valenzuela.

Para la compra concertaron representantes legales y socios que no estuvieran ligados a la exvicepresidenta. Esto quedó a cargo de Víctor Hugo Hernández, según la declaración de Monzón.

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Cuando se habían terminado los planes para la nueva sede del PP, Baldetti cambió de idea y le pidió a Monzón que lo convirtiera en un edificio de oficinas para alquilar, en este, una oficina para ella, otra para Pérez Molina y una tercera para él. El resto se darían el alquiler.

Sin embargo, la reconstrucción del inmueble no se terminó, ya que se detuvo tras la revelación del caso La Línea. Una vez capturado Juan Carlos Monzón se contactó con uno de los socios de Valser, quien le indicó que el Ministerio Público (MP) se encontraba investigando los hechos.

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