Por Lourdes Arana
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En septiembre pasado, la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, anunció que trasladaría la investigación del caso de una supuesta conspiración contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), tenía a su cargo el expediente.
Por este motivo, se consultó al jefe de la Fiscalía, Juan Francisco Sandoval, si más casos se habían retirado de la competencia de la FECI, a lo que respondió que hasta el momento no se ha dado una situación similar, sin embargo, le llama la atención que hay al menos tres casos que involucran a la administración actual, que ya fueron asignados a otra fiscalía, pero por la reserva de estos no se pueden brindar mayores detalles al respecto.
“Han llegado varias denuncias, pero hay dos o tres que me llaman la atención y el común denominador es que se relacionan con esta administración gubernamental, pero se observa que el ámbito de competencia es otra fiscalía”, señaló Juan Francisco Sandoval.
CAMBIO DE FISCALÍA AFECTARÁ INVESTIGACIÓN DE FRAUDE DEL IGSS
Luego que se informara que la investigación de la supuesta “conspiración” en contra del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fuera designada a otra Fiscalía por orden de la jefa del MP, el presidente de la junta directiva del IGSS, Carlos Contreras se apersonó a la sede del ente investigador ubicado en Gerona zona 1 para presentar un memorial mostrando su inconformidad ante el traslado.
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Uno de esos documentos, es un despacho firmado por dos asesores del despacho de la Fiscal General, Héctor Anibal de León Velásco y César Isaac Payés Reyes, avalado con la firma de Consuelo Porras, que establece lo siguiente:
“En ese sentido, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, al momento de requerir la información relacionada, debió actuar de forma respetuosa y cordial, conforme la alta investidura que tiene el señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala y en todo caso dichas comunicaciones debieron haberse realizado con conocimiento previo y directrices de la Fiscal General de la República de Guatemala, al no cumplir con la normativa aplicable, podría incurrirse en una falta administrativa”.
“Es prematuro acceder a lo solicitado por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- de despojar de la inmunidad que posee la Secretaria General de la República, Licenciada Leyla Susana Lemus Arreaga”, consigna ese memorial.
SEGUNDO CASO FUE RETIRADO DE LA FECI
Tres días después de este suceso, se ordenó que la investigación por posible narcotráfico en el caso de La Línea 2.0. fuera trasladada a otra fiscalía para que se encargara de las diligencias correspondientes, cuando también se tenía asignada a la FECI.
Posteriormente el MP informó que, tras el análisis jurídico respectivo, se designó el expediente a la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad.
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Este cambio se dio a pesar de que la FECI ha tenido a su cargo casos relacionados al narcotráfico entre estos el denominado Kerkaporta, generado a raíz de la detención de Ramón Antonio Yáñez Ochoa, de nacionalidad mexicana y líder de una red de narcotráfico, en el cual también resultaron.
