Por Lourdes Arana
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Luego de que trascendiera este lunes que la Fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta ordenara que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ya no esté a cargo de la investigación de la posible “conspiración” contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el presidente de su Junta Directiva, Carlos Contreras presentó un memorial en el cual se consignan varias situaciones.
Uno de esos documentos, es un despacho firmado por dos asesores del despacho de la Fiscal General, Héctor Anibal de León Velásco y César Isaac Payés Reyes, avalado con la firma de Consuelo Porras, que establece lo siguiente:
“En ese sentido, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, al momento de requerir la información relacionada, debió actuar de forma respetuosa y cordial, conforme la alta investidura que tiene el señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala y en todo caso dichas comunicaciones debieron haberse realizado con conocimiento previo y directrices de la Fiscal General de la República de Guatemala, al no cumplir con la normativa aplicable, podría incurrirse en una falta administrativa”.
En tal documento, los asesores concluyen tres cosas que se transcriben de forma literal::
Primero, “que por la posible comisión de una falta administrativa, se comunique a la Supervisión General del Ministerio Público para los efectos legales correspondientes.”.
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Segundo, “que es prematuro acceder a lo solicitado por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- de despojar de la inmunidad que posee la Secretaria General de la República, Licenciada Leyla Susana Lemus Arreaga”.
Y tercero, “se hace recomendable que la carpeta de investigación identificada como M3542-2020-2, sea trasladada a la Fiscalía Contra Delitos Trasnacionales”.
Este documento se conoce horas después que el MP argumentó que el cambio de fiscalía se debía a la necesidad de “contar con competencias más amplias y cooperación con diversos entes internacionales de investigación”.
¿QUÉ PIDIÓ EL FISCAL DE LA FECI?
Según se desprende de los documentos presentados el día de hoy, la FECI había recomendado que se solicitara el levantamiento del derecho de antejuicio de la Secretaria General de la Presidencia, Leyla Lemus, por posible obstaculización a la acción penal y de Abuso de Autoridad.
Según consta en los documentos, el fiscal de la FECI, Carlos Alberto de León Moreno solicitó que era necesario que se desarrollara una investigación para esclarecer las acciones materializadas por Lemus, en relación a los posibles delitos mencionados en el párrafo anterior.
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La FECI solicitó el 10 de agosto a la Presidencia de la República, que se informara “cuál fue el trámite que se le dio al oficio BV-CFLG-042-2020 de fecha 2 de julio del 2020, dirigido a la Presidencia de la República, por medio de la cual el diputado Cándido Fernando Leal Gómez, Secretario de la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso le trasladó una denuncia formulada al Ministerio Público en contra del Presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- debiendo indicar con precisión quién recibió dicha denuncia, si fue recibida por su despacho, así todos los trámites posteriores que finalizaron con la emisión del Oficio DSGP-No.716-2020/jm de la Secretaria General de la Presidencia de la República, Licda. Leyla Susana Lemus Arriaza, debiendo adjuntar providencias, memorandums, circulares o análogos que utilizaron para el traslado de la información”.
¿QUÉ CONTESTÓ LA SECRETARÍA GENERAL?
A tal solicitud, la Secretaria General respondió:
“Es importante dejar constancia que el requerimiento efectuado por el fiscal adolece de vicios al establecer que el fundamento para solicitar al Presidente Constitucional la información es el artículo 245 del Código Procesal Penal el que claramente establece que se debe indicar el nombre del imputado y el oficio del Ministerio Público no lo contiene; además no está solicitando informe sobre datos de registros, está requiriendo procedimientos, solicitando “con precisión quién recibió dicha denuncia” y la Presidencia de la República y la Secretaria General de la Presidencia de la República no llevan registro de denuncia de naturaleza penal por no ser un ente competente para las mismas. Consideramos que emitir un apremio donde se advierte al Presidente de la República de “consecuencias penales de conformidad con lo establecido en el artículo 458 bis del Código Penal” es un apercibimiento innecesario e ilegítimo para con (sic) el cargo que el Presidente Giammattei Falla representa; por lo que solicitamos que sus comunicaciones sean efectuadas dentro del ámbito de sus atribuciones y no tipificando figuras delictivas que no corresponden”.
¿QUÉ DICE LEYLA LEMUS?
Por su parte, la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Francis Masek, respondió al ser consultada: «son temas que no podemos emitir comentarios por encontrarse en fase legal».
En la denuncia que presentó el Presidente del IGSS en diciembre, la señaló a ella y a otra entidad por hechos que “atentan”, según Contreras, contra el Seguro Social.
PRESIDENTE DEL IGSS CONSIDERA QUE TRASLADO AFECTARÁ INVESTIGACIÓN
El presidente del IGSS, Carlos Contreras se presentó a la sede del MP para entregar un memorial dirigido a la fiscal general, María Consuelo Porras, para oponerse al traslado de la investigación a otra Fiscalía, ya que a decir de Contreras esto afectará seriamente el proceso de investigación.
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Además, Contreras indicó que ya se tenían avances importantes en la pesquisa que había realizado la FECI, caso que se encuentra actualmente en reserva.
COMPETENCIAS DE CADA FISCALÍA
El IGSS, por medio de su Presidente, argumenta que al revisar las competencias para conocer casos que ameritan investigación de cada una de esas fiscalías, no es procedente el cambio porque la “competencia natural e idónea es en donde está actualmente , la Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI-“.
El IGSS solicitó que se deje sin efecto legal alguno el traslado del expediente con la intención que sea la FECI la que siga conociendo.
¿QUÉ DENUNCIÓ EL IGSS EN DICIEMBRE?
En la denuncia presentada durante diciembre de 2019, el presidente del IGSS Carlos Contreras expuso que se aportó información relevante sobre hechos y circunstancias que a decir de Contreras atentan contra el IGSS, ya que se evidencia que el objetivo es tomar el control de la institución por intereses específicos.
El presidente del IGSS menciona que entre esos intereses destacan los altos montos de adquisiciones de medicamentos y de infraestructura que se realizan dentro del IGSS, lo que ya es del conocimiento de la FECI en diversos casos.
Entre los que son conocidos públicamente se mencionan el caso Negociantes de la Salud en donde el IGSS es querellante adhesivo en forma provisional. Y en los casos Cooptación del Estado y Asalto al Ministerio de Salud, “ya que los móviles están ligados a la venta de medicamentos y de hemodiálisis y diálisis peritoneal al IGSS”.
Carlos Contreras mencionó en el memorial que la denuncia realizada se puso en conocimiento del MP para que se ejerza la investigación y persecución penal respecto a los hechos y circunstancias denunciadas “que denotan una eventual asociación ilícita de personas naturales y jurídicas, para recuperar el control del IGSS, específicamente para tener el control de las compras y adquisiciones de medicamentos a precios que se manejaban antes de suscribir el convenio IGSS/UNOPS”.
*Esta nota fue actualizada a las 20:15 horas para consignar la respuesta de la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Francis Masek.
