La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Elizabeth Palencia, presentó dos amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le dio trámite a continuar el proceso de retiro de inmunidad para ser investigada por una denuncia del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de Sandra Torres, y una segunda promovida por el Ministerio Público (MP), que dirige la fiscal general, María Consuelo Porras.
Palencia en el recurso alega que la Suprema no constató que ambos antejuicios promovidos en su contra fueran sustentados como lo establece la Ley en Materia de Antejuicio. Además, asegura que ambas solicitudes de retiro de inmunidad son «espurias y políticas». Con este amparo la magistrada busca suspender que el Congreso de la República continúe con el proceso y le dé la razón.
Estas denuncias también afectan a otros cinco magistrados del TSE y se suman al proceso penal que cuatro de ellos ya enfrentan. Los casos en contra de los funcionarios electorales iniciaron el año pasado cuando el MP intentó impedir que el ahora presidente Bernardo Arévalo no asumiera el poder, una última resolución resolvió que cuatro magistrados titulares no pueden ejercer su cargo.
CSJ Y MP NO VERIFICARON
Según la CSJ, la Fiscalía de Delitos Electorales señala a los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco en una denuncia interpuesta el 25 de agosto de 2023 por el secretario general en funciones y representante legal de la UNE de supuestas irregularidades en la elección de binomio presidencial.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inobservó el requerimiento constitucional de «analizar si el denunciante (la UNE y el MP) proporcionó elementos de razonabilidad suficientes, sustentados en una investigación seria y previamente realizada», se lee en el recurso.
«De haber verificado tal extremo se hubiera percatado que previamente a promover el antejuicio, ni el denunciante ni el Ministerio Público realizaron alguna investigación seria y preliminar al planteamiento del antejuicio, para constatar que lo que le fue denunciado a la fiscalía fuere veraz», subrayó la magistrada.
Palencia sostiene que «la fiscalía se limitó a trasladar prácticamente los hechos denunciados y los documentos acompañados por los denunciantes a la solicitud de antejuicio, obviando en particular la fiscalía, la obligación de verificar los hechos»:
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ESPURIO Y POLÍTICO
Asimismo, Palencia expuso a la alta corte que la Suprema inobservó el artículo 4 de la Ley en Materia de Antejuicio porque la solicitud de retiro de inmunidad «promovido en mi contra es político, por el solo hecho que el mismo se haya solicitado durante el proceso electoral desarrollado en el año dos mil veintitrés».
Las acciones emprendidas por la institución que encabeza la fiscal general fueron calificadas de un intento de golpe de Estado. Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió el ingreso a más de 100 diputados que en diciembre pasado votaron para aprobar el retiro de inmunidad de los magistrados señalándolos de «socavar la democracia».
«Jamás se debió remitir dicho antejuicio al Congreso de la República de Guatemala y debo aclarar que por lo sui generis del presente antejuicio, no solo podría ser la existencia de rivalidad política alguna la que determina si este antejuicio es o no político como lo sostiene la autoridad impugnada en su decisión, sino que en este caso, lo determina el solo hecho que se ha solicitado este antejuicio dentro del proceso electoral», indicó.
EN MANOS DEL CONGRESO
Ahora la nueva legislatura del Congreso de la República tiene en sus manos la decisión de despojar de su inmunidad a los cinco magistrados titulares del TSE para que sean investigados por el MP.
La solicitud de retiro de antejuicio en contra de los funcionarios del TSE llegó a la cancha del Legislativo el miércoles pasado. Ahora le corresponde a los diputados, que llegaron a su curul derivado de los resultados de las elecciones generales 2023, conocer el proceso y formar una comisión pesquisidora para que concluya si es conveniente o no retirar la inmunidad, según la Ley de Amparo y Antejuicios.
De acuerdo con dicha ley, el Congreso debe formar una comisión pesquisidora que estará integrada por cinco diputados electos al azar. De esa cuenta, los magistrados citarán a las partes correspondientes para que evacuen sus pruebas de descargo para analizar los delitos de los que se les acusa.
