El Gobierno de Canadá sancionó a cuatro guatemaltecos vinculados con el sistema de justicia del país, a quienes les impuso medidas administrativas y financieras, derivado de acciones con las cuales habrían socavado el Estado de Derecho y la democracia. Entre ellos están:
María Consuelo Porras, Fiscal General.
Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Cinthya Monterroso, fiscal de la región noroccidente.
Jimi Bremer, juez décimo penal B.
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A los cuatro funcionarios del sector de justicia se les señala de supuestamente haber encabezado acciones para desconocer los resultados de las elecciones generales 2023, las cuales se desarrollaron el 25 de junio pasado.
Para realizar dichas acciones, que consistieron en allanamientos, capturas y secuestro de material electoral, entre otras, los fiscales se valieron de resoluciones judiciales, varias emitidas por el juez Bremer, las cuales son consideradas por sectores sociales como ilegales.
Las sanciones fueron anunciadas en horas de la mañana de este martes 20 de febrero, por medio de una comunicación de la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly.
Los sancionados, precisó la información, participaron de manera «directa o indirecta» en promover la corrupción y graves violaciones a los derechos humanos con impunidad, «durante la administración del presidente Alejandro Giammattei y antes».
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«El anuncio de hoy demuestra nuestro compromiso de contribuir a los esfuerzos para luchar por la democracia y los derechos humanos en Guatemala. Esperamos trabajar junto al gobierno democráticamente elegido de (Bernardo) Arévalo», enfatizó Joly.
La funcionaria canadiense añadió que las personas sancionadas habrían trabajado “para socavar la democracia e impedir una transición pacífica del poder”.
Precisó que el Gobierno de Canadá espera que estas medidas sirvan “para disuadir acciones obstruccionistas” cometidas por funcionarios públicos “corruptos”.
