Plantón en las afueras de la sede central del Ministerio Público (MP) se cumplen 104 días de resistencia para defender la democracia. Foto La Hora

A través de un comunicado, la Asamblea Permanente de Autoridades Pueblos Indígenas en Defensa de la Democracia, agradecieron al pueblo de Guatemala por haber atendido el llamado a luchar contra el golpe de estado.

Señalan que han sido días difíciles en los que se ha empezado a escribir una nueva historia para el país y para los pueblos indígenas en la búsqueda de ser actores principales en toma de decisiones para la conducción de la nación.

 

En el documento, afirman que «ahora más que nunca debemos fortalecer la organización para acompañar y fiscalizar a las nuevas autoridades para alcanzar el cambio que necesitamos y queremos», apuntan.

Añaden que para los pueblos indígenas, el principio y valor de la palabra es fundamental para mantener el equilibrio de las comunidades, por lo que exigen que no exista contradicción entre los discursos y las acciones.

Por último, reiteran el agradecimiento a las personas y organizaciones que salieron a las calles y aportaron su «granito de maíz» para fortalecer la resistencia.

DEMOCRACIA  

En el comunicado también refieren que desde el pasado 2 de octubre de 2023 que inició el plantón en las afueras de la sede central del Ministerio Público (MP) se cumplen 104 días de resistencia para defender la democracia.

 

La lucha por la democracia empezó luego del allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral el 29 de septiembre y el secuestro de las actas 4 y 8 de los comicios, cuando dirigentes de los 48 Cantones llegaron a la capital para tomar el frente de la sede del Ministerio Público como protesta.

Al mismo tiempo, comunidades de todo el país bloquearon varios puntos en las principales carreteras, lo cual duró dos semanas y se extendió a las calles de la capital y varios municipios del departamento de Guatemala.

La principal demanda de los manifestantes es la renuncia de la Fiscal General María Consuelo Porras; el jefe de la FECI Rafael Curruchiche, y el juez séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana.


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