El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), así como Autoridades Indígenas, se sumaron al llamado que han hecho al presidente Alejandro Giammattei distintos sectores sociales, para que vete el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2024 que aprobó el Congreso el pasado 30 de noviembre cerca de la medianoche.
Dicho presupuesto se aprobó con una gran cantidad de enmiendas que, a juicio de especialistas, comprometen los recursos y propician la opacidad y corrupción.
En un comunicado, el Icefi señaló que en el decreto aprobado no corrigió un error de subestimación en la proyección de ingresos tributarios que se había incluido en la versión original, asimismo dijo que “mantiene las anomalías que la Comisión de Finanzas introdujo en el dictamen” y que las enmiendas añadidas hacen peor el presupuesto aprobado.
La entidad académica lamentó que el Congreso haya desatendido las advertencias y recomendaciones de diversos sectores y entidades, y que, si el presupuesto cobra vigor agudizará los efectos dañinos que ya habían advertido que tenía la propuesta dictaminada por la Comisión respectiva del Legislativo.
El Icefi advirtió que uno de los efectos del Presupuesto será la parálisis de la colocación o recolocación de bonos, lo que complicaría el pago de deuda pública, lo cual afectaría la banca nacional e internacional y a otros acreedores del Estado.
“Ante una emergencia de esa naturaleza, el Gobierno podría verse obligado a usar otras fuentes de financiamiento, posiblemente dejando desfinanciados rubros de inversión pública y gasto social, con atrasos en el pago a proveedores, contratistas e, incluso, salarios”, adelantó la institución en su comunicado.
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AUMENTOS Y RECORTES
En el análisis que plantea el Icefi se subrayan aumentos a los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y de Desarrollo Social que no estaban incluidos en la propuesta, pero que el pleno los aprobó. Al primero, por Q2 mil 226 millones y al segundo por Q26 millones.
A la inversa, resalta que se le disminuyeron Q2 mil millones a los servicios de deuda pública, Q15 millones al Ministerio de Salud y Q1.6 millones al de Educación, entre otras modificaciones.
A la vez, el Icefi alertó de posibles asignaciones ilegales a cargo del CIV para el dragado de ríos por Q187.9 millones, proyectos que “la experiencia ha demostrado”, son “prácticamente imposibles de fiscalizar”.
Además, señala de “política” una enmienda incluida de último momento, según la cual el Ministerio Público es parte de las entidades a las que el Ejecutivo no podrá recortar el presupuesto.
MÁS SEÑALAMIENTOS
Entre otros artículos cuestionados por el Icefi está el que, prácticamente ordena al Ejecutivo a que el CIV priorice ciertas obras (artículo 116) lo cual podría ser inconstitucional porque limita “de manera severa” las facultades del Gobierno que le concede la Constitución y la Ley Orgánica del Presupuesto, para administrar los impuestos y ejecutar el presupuesto.
De cobrar vigor el presupuesto aprobado por los diputados se generarán “daños a varios y diversos sectores económicos y sociales, y dificultará la gestión del nuevo gobierno”, concluye el Icefi. En este sentido, subrayó, “el escenario menos perjudicial” es que sea vetado, para que quede vigente el de 2023 y que este sea analizado y modificado.
En tal sentido, recomendó a los equipos de transición instalar una mesa de discusión para “corregir el problema del presupuesto”, espacio que debería ser abierto y transparente y que incluya a la sociedad civil organizada.
ORGANIZACIONES
Por aparte, la Asamblea de Autoridades Indígenas también emitió un comunicado en el cual solicita al presidente Giammattei vetar el Presupuesto 2024 ya que, “compromete severamente el bienestar y derechos de las familias guatemaltecas”.
De acuerdo con las organizaciones, se perjudica a sectores como salud, seguridad, educación y desarrollo social y destina millones a organizaciones no gubernamentales que tienen vínculos con diputados y otros funcionarios.
De igual forma exhortaron a los alcaldes a manifestarse en contra de dicha norma ya que “su papel fundamental es salvaguardar los intereses de nuestras comunidades”.
Añadieron que la próxima semana tomarán acciones para “defender con firmeza y determinación” la libertad y la democracia, aunque el comunicado no da detalles, y llamaron a la ciudadanía a sumarse al movimiento ya que la participación informada es “esencial”.
